En un país dominado por las discusiones y las polarizaciones, la actuación de los integrantes de los poderes estatales es puesta a diario bajo la lupa de la sociedad.
Los poderes Ejecutivos son los que reciben la mayor cantidad de inquietudes –y críticas- puesto que son ellos, por naturaleza, quienes ordenan el camino que seguirán las políticas públicas, las cuales influyen en forma directa en la vida de los ciudadanos.
El Poder Judicial, ya ha quedado dicho aquí, también atraviesa actualmente un momento de profunda revisión por parte de la comunidad, que muestra su disconformidad (muchas veces fundada y otras no) por la actuación de esa entelequia llamada “Justicia”.
En cuanto a las legislaturas, ya sean la nacional, las provinciales o las municipales, los últimos tiempos las muestran como una caja de resonancia política habitualmente chisporroteante, donde las relaciones con los Ejecutivos llevan a que su actuación depare polémicas de las cuales los ciudadanos muchas veces tomamos parte y casi siempre padecemos.
Hoy puede observarse también que ante cualquier tema que se discuta legislativamente las opiniones de nosotros, los representados, respecto a cómo actúan o votan nuestros representantes varían de acuerdo a si ello concuerda o no con nuestras convicciones.
En una democracia representativa como la nuestra, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Sin embargo, hoy –con una revolución de las comunicaciones que pone a los ciudadanos más cerca de la información y del poder- los ciudadanos ejercemos presiones para que esos funcionarios públicos hagan lo que nosotros consideramos como lo correcto y, en ese sentido, muchas veces olvidamos que existen otros ciudadanos (con iguales derechos) que pueden pensar en forma diferente y, por tanto, requerir una actuación distinta a los mismos. En medio de ello, el “bien común” perseguido por la política empieza a depender, paradójicamente, de intereses partidarios o sociales sectoriales que claramente lo alejan del ideal.
