El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, explicó la apelación judicial que se hizo para que la Justicia acepte un reclamo colectivo contra el perjuicio que entienden sufren millones de jubilados con el esquema de aumento decidido por el nuevo Gobierno nacional, menor al que venían teniendo.
Si bien en primera instancia la Justicia rechazó que se pueda hacer un reclamo en forma colectiva, la idea es ir con esa propuesta a la Corte nacional, pues tienen esperanza que el reclamo colectivo sea aceptado en esa instancia debido a que uno de sus miembros, Ricardo Lorenzetti, es defensor de ese tipo de acción.
“La jueza de primera instancia del juzgado 9 lo que hace es no opinar sobre el fondo de la cuestión, inclusive reconoce el índice planteado del 11,56%, pero establece que no corresponde que la acción sea colectiva. Ya presentamos la apelación”, contó Semino a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
Los fundamentos son simples si bien extensos, dijo. “Planteamos que la jueza toma estos derechos como patrimoniales, mientras la seguridad social implica derechos humanos esenciales y que el litisconsorcio de la acción colectiva trata de evitar escenarios como ya tuvo Argentina en el caso Badaro, donde al achatarse la pirámide, hubo 2 millones de jubilados que tuvieron la necesidad de un reclamo judicial, 500 mil cobraron, otros 500 mil cobraron con una quita en la reparación histórica y 1 millón se murieron en la espera”.
Semino anticipó que “pasada la instancia de la Cámara, iremos per saltum con un recurso extraordinario a la Corte, que ha mantenido este criterio, y hay una cantidad de trabajos de Lorenzetti respecto a la acción colectiva. Se plantea que se les pague el 11,56% a todos lo que se les pagó por debajo y a partir de eso el Congreso establecerá la norma con la fórmula de movilidad más adecuada, mientras esto no ocurre hay una flagrante violación de los derechos de los adultos mayores, hay una regresividad, un recorte de derechos”.
La medida busca dejar sin efecto el decreto con el que el Gobierno dispuso para todos los jubilados un aumento de 2,3% más un fijo de 1.500 pesos, que para quienes ganan por debajo de $ 16.200 es una mejora de $197 respecto de lo que surgía de la aplicación de la ley, pero un perjuicio desde 352 pesos por mes para quienes ganan $ 20.000 y de hasta más de 8.000 para las jubilaciones más altas.
