La Dirección de Minería de la provincia ha puesto fin a una histórica discusión legal al emitir una resolución que obliga a cementeras, plantas hormigoneras y ladrilleras a presentar Informes de Impacto Ambiental (IIA) como actividad minera. Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza, dialogó con este medio y explicó que la medida busca la trazabilidad de los áridos y la plena legalidad ambiental.
En la entrevista que brindó a FM Vos 94.5, comenzó explicando el fundamento legal de la medida, señalando que estas actividades han estado históricamente dentro del marco minero, aunque muchos las interpretaban como meramente industriales o comerciales. «Es fundamental que la comunidad sepa que las canteras, ripieras o plantas hormigoneras que vemos a diario son, legalmente, minas. Estas actividades siempre han estado incorporadas dentro de nuestro Código de Minería de la Nación, una de las primeras normas de la República, que data de 1887», planteó de entrada.
El funcionario aclaró que, si bien la normativa ambiental posterior a 1992 llevó a la regularización de muchos sectores, hubo quienes obviaron que actividades como las hormigoneras, al tratar minerales, están contempladas expresamente como plantas de beneficios. «Toda trituración, molienda o procesado está contemplada en el Código de Minería. Por ende, al tratarse de una actividad minera, necesariamente debe cumplir con los máximos estándares ambientales y realizar el Informe de Impacto Ambiental correspondiente», remarcó.
La resolución se sustenta en un informe técnico elaborado por ingenieros y geólogos provinciales y consensuado con otras jurisdicciones, cerrando la disputa sobre la naturaleza de estas extracciones y procesamientos.
El árido y la trazabilidad
La resolución ya se encuentra en vigencia, y la Dirección de Minería ha iniciado un proceso de capacitación activa con las cámaras del sector. Shantal hizo hincapié en la necesidad de que el consumidor tome conciencia de lo que adquiere. «Incluso los corralones que venden áridos son parte de la cadena minera, por lo que deben inscribirse y emitir una guía de transporte. Lo que compramos es minería, y ese producto minero tiene que contar con trazabilidad y estar rigurosamente aprobado en materia ambiental», expresó.
El director destacó que, en esta fase, se están dando facilidades a los pequeños productores y corralones, haciendo gratuito el proceso de inscripción y el traslado del árido, pero advirtió que la etapa de educación tiene un plazo. «Tras la etapa de introducción, educación y comunicación, avanzaremos hacia la sanción efectiva de quienes no cumplan con la ley. Es importante notar que las sanciones previstas son bastante gravosas», advirtió el entrevistado.
El desafío social de las ladrilleras
Al abordar el caso específico de las ladrilleras artesanales en zonas como San Rafael, donde la informalidad y la precariedad laboral son altas, Shantal reconoció la complejidad del panorama. «Es un tema muy complejo. Estamos trabajando con los municipios, porque el abordaje no es solamente técnico, ambiental y legal, sino que también hay un abordaje social», consideró.
Subrayó que muchas de estas producciones son pymes familiares que trabajan para coexistir el día a día, lo que exige una contención social específica por parte de organismos sociales y municipales. No obstante, el impacto ambiental negativo generado por la quema en los hornos no puede ser ignorado, ya que son consideradas plantas de tratamiento. «No podemos descuidar la dimensión ambiental, ya que estas actividades generan un impacto muy significativo. Estamos trabajando para facilitar la presentación de los informes de impacto ambiental, brindando ayuda a través de los municipios y organismos profesionales», enfatizó.
Shantal concluyó que, si bien el trabajo de control es arduo, la meta es que todos los productores estén bajo el amparo de la ley, adaptando normativas a las circunstancias específicas para evitar la justificación de la ilegalidad por bajos recursos.
