La Fiscalía confirmó que presentará un recurso extraordinario de casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para revertir la decisión del juez Luque que benefició a los acusados por el siniestro vial ocurrido en 2017, que dejó 15 víctimas fatales y 38 heridos.
El fiscal Pablo Peñasco, quien lleva adelante la investigación de la Tragedia en la Cuesta de los Terneros, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que se avanzará con una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con el objetivo de dar continuidad al proceso judicial. “El Ministerio Público Fiscal, luego de haber efectuado un análisis de la sentencia que se dictó, tiene la decisión de plantear un recurso extraordinario de casación por ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, solicitando que revoque el sobreseimiento dictado y la continuidad de la causa”, detalló.
La decisión se da luego de la resolución del juez que sobreseyó a los acusados Gabriela Villagra (dueña de la empresa de colectivo) y Jorge Pinelli padre (conductor acompañnate y suegro de Villagra), generando controversia entre los familiares de las víctimas y organismos vinculados a la seguridad vial. El fiscal sostuvo que la medida adoptada es una impugnación formal prevista en la legislación: “Es una impugnación formal que es la vía procesal prevista frente a sentencias definitivas como estas que procuran que sean revocadas por la vía impugnativa del recurso extraordinario de casación y que el tribunal competente va a hacer la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”.
Al fundamentar los argumentos, Peñasco señaló que la responsabilidad recae sobre la propietaria del ómnibus y los choferes a cargo. “Todas las leyes de tránsito del país establecen claramente en sus artículos que los propietarios de los ómnibus destinados al transporte de pasajeros y los choferes a cargo del mismo tienen responsabilidad, son responsables, están a cargo de todo lo que son las condiciones de seguridad en el tránsito de los ómnibus destinados a esta finalidad”, afirmó.
El fiscal recordó la magnitud del hecho, ocurrido el 25 de junio de 2017, que dejó como saldo 15 personas fallecidas —13 adolescentes, una persona adulta y el conductor de la unidad (Jorge Pinelli hijo)— además de 38 pasajeros heridos, entre ellos 14 con lesiones graves. “En este caso se perdieron 13 vidas de adolescentes y niñas que eran pasajeras de ese ómnibus, más un masculino adulto y el chofer que iba conduciendo la unidad. Existiendo, en consecuencia, vidas humanas perdidas, más 32 personas lesionadas, hablamos de lesiones graves, 14 y 22 con lesiones leves, 38 en total”, describió.
Peñasco hizo hincapié en las graves irregularidades detectadas durante la investigación. “Resultó que este ómnibus era año 2003 de fabricación… la Comisión Nacional Reguladora del Transporte le había dado de baja en diciembre del año 2016, es decir, que este colectivo no podía, no estaba autorizado para circular”, manifestó. También señaló que existían inconsistencias en la documentación, donde figuraba como año de fabricación 2005.
Sobre la responsabilidad de la propietaria, fue contundente: “Toda persona que adquiere un automóvil, en este caso un ómnibus destinado al transporte pasajero, antes de comprarlo, conoce y sabe cuáles son las condiciones de transporte y de mantenimiento y condiciones mecánicas”.
Además, destacó que tanto la propietaria (Gabriela Villagra) como el chofer suplente (Jorge Pinerlli padre) tenían pleno conocimiento del estado del vehículo: “Tanto la propietaria como el chofer acompañante debían responder por la seguridad, por la tranquilidad y por la integridad física y obviamente por la vida de los pasajeros, porque ellos sabían perfectamente cuál era el estado pésimo de mantenimiento mecánico de este ómnibus y que el sistema de frenos no respondía como debía hacerlo, y esa fue la causa del siniestro”.
Las pericias mecánicas fueron claves en este punto. “Las dos pericias mecánicas de ingeniería practicadas en la causa indican que el origen y causa del siniestro no fue la mala conducción del chofer fallecido, sino que se provocó porque el sistema de frenos no respondió cuando fue accionado”, detalló.
En cuanto a los plazos, Peñasco explicó que la presentación aún no se concretó, pero se hará en breve: “Todavía no ha sido presentado porque tenemos 15 días hábiles previstos por el Código Procesal Penal. Estimamos que lo vamos a presentar antes, por una cuestión de celeridad, porque la causa ya tiene mucha demora”.
Respecto de los tiempos de resolución por parte de la Suprema Corte, el fiscal fue cauto: “El tiempo que tiene la Suprema Corte de Justicia es un tiempo ordenatorio, esto quiere decir que no hay un plazo perentorio para responder… no menos de tres meses, no menos, o sea, yo creo que este año es muy difícil que sea resuelto, lo más seguro es que pase para el año que viene”.
De esta manera, la causa va a encaminarse hacia la Corte provincial, mientras los familiares de las víctimas mantienen su reclamo de justicia a más de siete años del trágico siniestro.
