La Secretaría de Servicios Públicos -que conduce Natalio Mema- terminó el año con la aprobación legislativa del Plan Canje que se firmó con las distribuidoras eléctricas y actualmente está en ejecución. Sin embargo, la paz no durará mucho, ya que el 2022 será un año de intensas negociaciones con las empresas que manejan el sector eléctrico.
Por un lado, comenzará la discusión del sexto y último periodo de revisión tarifaria integral, que se realiza cada cinco años. En este caso abarcará el quinquenio entre 2023 y 2028, cuando vencen las concesiones. Y en el Ejecutivo se preparan para recibir los reclamos acumulados de las distribuidoras por la supuesta falta de actualización tarifaria.
“Cada vez que pasan más de seis meses sin actualizar la tarifa, se genera un reclamo y una deuda de la provincia con las concesionarias por incumplimiento del contrato”, explicó Mema.
Según fuentes del sector, los reclamos podrían superar los 50 mil millones de pesos. «Se viene una discusión muy fuerte. Tenemos que cuantificar la deuda, descontar las obras que no se hicieron y después se verá. Vamos a solucionarlo de alguna manera porque es mucho dinero para la provincia”, sostuvo el funcionario.
En el caso de Edeste, el gerente general, Raúl Stasi, explicó el panorama. Según indicó, en julio del próximo año, la distribuidora presentará todos sus estudios para la revisión integral y el Ejecutivo se expide un año después.
“Cuando se hace una revisión tarifaria integral se vuelven a sacar las cifras, se estudian costos de red, gastos de operación y mantenimiento”, explicó Stasi.
“Hay un paquete de reclamos de las distribuidoras para mantener el derecho adquirido y se busca llegar a un acuerdo con beneficio para ambas partes sobre los diversos puntos. Se tiene que proveer un cuadro tarifario que sea suficiente para prestar un servicio eficiente”, añadió.
En tanto, desde la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, el coordinador de gerentes, Julio Gallego indicó: “Nosotros estamos reclamando permanentemente, el tema es que nunca nos llevan el apunte. Lo tenemos identificado como ingresos no percibidos, fruto de no adecuar el Valor Agregado de Distribución (VAD) cuando legalmente correspondía».
Mientras que Edems también reclamará por los ingresos no percibidos y en busca de la recomposición tarifaria. A eso se sumará la discusión nacional por la deuda que la principal distribuidora de la provincia mantiene con Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) que ronda los 8 mil millones de pesos.
Fuente: El Sol
