La insólita demora del Instituto de Derecho Ambiental en expedirse sobre la ley minera 9.209

Con una llamativa demora, el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial se expidió respecto a la promulgación de la ley 9.209. Es que el documento se hizo público el martes 31 y fechado el lunes 30 de diciembre, día en que la normativa era derogada por la Legislatura luego de la decisión del gobernador Rodolfo Suarez de restituir la plena vigencia de la ley 7.722.
Resulta al menos insólito que el documento con ocho observaciones críticas del Instituto de Derecho Ambiental sobre la ley 9.209, se haya hecho público tantos días después a la promulgación de la ley minera, pues entre que eso sucedió y el comunicado del organismo, sucedieron numerosos acontecimientos políticos y sociales en torno a la denominada “ley cianuro”. Tantos, que el mismo lunes que se reunían los abogados especialistas en Derecho ambiental, la ley que analizaban ya no tenía vigencia.
En medio del “delay” de quienes conforman el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, el gobernador Rodolfo Suarez suspendió la reglamentación de la promulgada ley 9.209, convocó al diálogo, ese diálogo fracasó, se profundizaron los reclamos sociales y siete vendimias departamentales fueron suspendidas. En ese difícil contexto, Suarez anunció la derogación de la normativa 9.209 que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico en emprendimientos mineros, volviendo a estar en funcionamiento la 7.722.
No quedan dudas, en virtud de lo expuesto anteriormente, que la reunión de los abogados especialistas en derecho fue fuera de término y el dictamen emitido tras dicho encuentro, descontextualizado y sin el ritmo ejercido por asambleístas y vecinos autoconvocados, los verdaderos ganadores de la contienda.