La Justicia Federal de Río Grande ordenó hoy a dos empresas internacionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que se abstengan iniciar o continuar obras en la zona del archipiélago.
Se trata de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, compañías que fueron alcanzadas por la decisión dictada por la jueza federal Mariel Borruto y que alude a perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.
La cautelar había sido presentada por un ex combatientes de la guerra de Malvinas, en medio de las denuncias que activó el Gobierno de Javier Milei contra las empresas que operan allí.
Fuentes de los demandantes consultadas por la agencia EFE confirmaron que la jueza federal Mariel Borruto, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las petroleras abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha la explotación petrolera
La orden de la jueza incluye la prohibición de perforar el lecho o subsuelo marino, instalar infraestructura para la extracción y el transporte de crudo, y ejecutar obras e instalaciones terrestres y portuarias asociadas al proyecto.
La magistrada también ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production que presenten ante la Justicia argentina información sobre el estado actual de ejecución del proyecto, un cronograma actualizado de sus planes, la nómina de contratistas, las entidades financieras y aseguradoras intervinientes y los estudios ambientales realizados, entre otros datos.
El proyecto offshore (costas afuera), que prevé comenzar a extraer crudo en 2028, se ubica en la cuenca petrolera Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas, en el Atlántico sur, un espacio que para Argentina está dentro de nuestra plataforma continental y que forma parte del histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago y las aguas que lo rodean.
La denuncia presentada en Río Grande tiene dos dimensiones: por un lado, denuncia la falta de evaluación de impacto ambiental y la autorización gubernamental exigidas por la legislación argentina; y, por otro, plantea la controversia sobre la soberanía y cómo el proyecto supone una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa.
Navitas y Rockhopper, junto a otras petroleras que operan en Malvinas, también fueron denunciadas penalmente por el Gobierno argentino el pasado 8 de septiembre ante el juez federal Julián Ercolini, de Buenos Aires.
Tras estas denuncias, Navitas dijo en un comunicado que opera mediante licencias «válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas» y que no prevé que las acciones emprendidas en Argentina «tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo» de Sea Lion.
Por su parte, el Reino Unido afirmó en una guía publicada este martes, denominada ‘Haciendo negocios con las islas Malvinas’, que Argentina no posee jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.
