Esta semana, y en el marco de una audiencia de control jurisdiccional, el juez Sergio González decidió levantar las restricciones que la fiscalía actuante le había impuesto al exlíder de Ganancias Deportivas en San Rafael David Villegas, en el marco de una causa en la que el hombre y su esposa están acusados de una presunta estafa y coacciones, a partir de una denuncia que les hizo la hija de ambos.
Así, el magistrado decidió aceptar el pedido de la defensa de Villegas y de su mujer, y levantar la exigencia de una fianza de un millón de pesos y la prohibición de salir del país que pesaban sobre los acusados.
En su resolución, González consideró que Villegas y su mujer tienen un domicilio fijo en nuestro país, dinero suficiente para enfrentar un eventual fallo en su contra y que no existe sospecha fundada de que puedan fugarse del país.
La denuncia
A mediados de marzo de este año, David Villegas y su pareja fueron denunciados por su hija por la supuesta comisión de los delitos de coacciones y estafa (se hablaba de unos 80 mil dólares), justamente en el marco de la plataforma de Ganancias Deportivas. Un día después de la presentación judicial, Villegas y su mujer fueron notificados de la causa y se ordenaron varios allanamientos en sus domicilios para recolectar pruebas que se pudieran sumar a la investigación.
La difusión de la noticia de la denuncia generó ciertos resquemores por parte de los asociados a la plataforma, que luego se incrementaron –con el correr de los meses– cuando la empresa comenzó a evidenciar “problemas” en su estructura, decidió unilateralmente espaciar los pagos y, actualmente, no ha cumplido con el último retiro de utilidades solicitado por los asociados, hace casi tres meses.
A comienzos de septiembre, en tanto, el propio Villegas anunció su salida del “liderazgo” de Ganancias Deportivas por –según dijo– estar en desacuerdo con el manejo de la estructura por parte de sus dueños.
En esos mismos días, el fiscal Giaroli ordenó la prohibición de salir del país para la pareja acusada y esta semana esa orden –junto con la de la imposición de una fianza– fue revocada por el juez González.
