Dentro del marco del ‘Plan Motosierra’ establecido por el presidente Javier Milei, uno de los ámbitos apuntados fue el del empleo público, con la revisión de miles de contratos. Como consecuencia, muchos de esos legajos fueron dados de baja, quedando en la calle una gran cantidad de trabajadores del espectro público. Desde el punto de vista legal, Lucas Battistón, abogado especialista en derecho laboral y miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ofreció un análisis detallado sobre las implicaciones legales de esta decisión. “Voy a emitir una opinión estrictamente legal, no voy a hacer un análisis de conveniencia política, no me quiero meter en eso porque hace a la preferencia política de cada uno y bueno, eso es distinto a la cuestión legal”, manifestó Battistón al abordar este tema delicado a Diario San Rafael y FM Vos 94.5. El recorte de empleados públicos ha estado en marcha desde la implementación del Decreto 84 de 2023, el cual estableció una serie de disposiciones respecto a la continuidad de contratos en el sector público. Este decreto, emitido en diciembre del año anterior, “delineó un proceso mediante el cual se revisarían y renovarían los contratos vigentes”, explicó Battistón. Sin embargo, “con la llegada del 31 de marzo como fecha límite, el gobierno ha optado por no renovar una cantidad significativa de contratos, estimada en alrededor de 15.000 trabajadores”. Desde una perspectiva legal, Battistón destacó la distinción fundamental entre el empleo público y el privado en términos de estabilidad laboral. “Mientras que en el ámbito privado la estabilidad puede ser más relativa, en el público existe una tendencia hacia la estabilidad absoluta”. Sin embargo, “esta distinción se ve matizada por la presencia del personal contratado, que no goza de la misma garantía de estabilidad que el personal de planta permanente”. “El problema es que dentro de lo que es personal contratado, hay gente que realmente lo está en el sentido de personas que están para cumplir alguna tarea transitoria o no permanente y hay gente que quizás está en ese régimen hace un montón de años”, diferenció el abogado, quien explicó que a raíz de esta medida “ahora podría caer en esta volea y no se le renueve el contrato, pero realmente cumple una función de permanencia que debería darle esta posibilidad de continuidad”. Esta situación, aunque compleja, no es nueva en el panorama laboral argentino. Durante décadas, las administraciones han utilizado contratos temporales de manera abusiva, lo que ha llevado a disputas legales prolongadas. Battistón hace referencia a un fallo histórico de la Corte Suprema en 2010, conocido como el fallo Ramos, el cual sentó un precedente importante al reconocer el derecho de trabajadores contratados abusivamente a reclamar indemnizaciones. “Son juicios de muchos años, son juicios en lo que es la esfera de contratación nacional, serían reclamos que tienen que tramitar en el fuero contencioso administrativo federal y estamos hablando de juicios de por lo menos entre 5 y 7 años donde habrá que ver cuál es la tasa de actualización o la tasa de interés que eventualmente se les va a imponer”, señaló respecto a las implicaciones legales de estos reclamos. Una de las principales preocupaciones radica en la falta de un análisis detallado de cada caso antes de proceder con el recorte. Battistón sugiere que “un enfoque más refinado, que identifique aquellos casos de verdadera falta de desempeño laboral, podría haber sido más efectivo y legalmente defendible”. “Lo que ha faltado acá es ese análisis fino o más quirúrgico de cada caso para el que no trabaja”, expresó el letrado, quien también pidió “un sumario a los que trabajan, para brindarles la posibilidad a través de un retiro voluntario de salida y hacer esto de manera un poco más institucional”, concluyó. Como conclusión, el recorte de empleados públicos por parte del gobierno plantea importantes cuestiones legales y éticas. Aunque la necesidad de optimizar el gasto público es comprensible, la falta de un análisis detallado de cada caso podría exponer al Estado a disputas legales prolongadas y costosas. En última instancia, la aplicación de políticas laborales debe tener en cuenta tanto consideraciones prácticas como legales para garantizar una transición justa y equitativa para todos los trabajadores afectados.
