La evolución del precio de los combustibles en los surtidores locales se ha convertido en un laberinto económico de difícil justificación técnica y en un factor de asfixia directa para las estructuras productivas de nuestra región. A pesar de que los indicadores energéticos a nivel global registraron una marcada retracción tras estabilizarse los frentes de conflicto geopolítico en Medio Oriente —provocando una disminución del 33% en el valor del barril de crudo Brent, que descendió desde su techo de 119 dólares hasta estabilizarse en torno a los 79 dólares—, los precios internos en las estaciones de servicio de la República Argentina continúan blindados ante cualquier esquema de rebaja.
Esta distorsión estructural ha impulsado la judicialización del debate técnico en la arena legislativa mendocina a través de un proyecto de ley presentado por el diputado provincial Germán Gómez (PJ). La iniciativa apunta a desglosar de forma transparente la cadena de valor de las empresas refinadoras y solicita la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para determinar si las tarifas actuales responden a variables reales de mercado o a políticas de cartelización arbitrarias. El argumento oficial de las petroleras, que durante meses convalidaron trece incrementos consecutivos basándose en las oscilaciones internacionales, se desmorona ante la falta de una correlación inversa; si se aplicara de manera lineal la actual baja del crudo, el litro de nafta súper debería oscilar hoy entre los 1.500 y los 1.600 pesos.
El escenario expone, además, dos realidades de honda preocupación para el oasis sur.
Preocupa la desprotección regulatoria de Mendoza, que ha resignado por completo sus beneficios históricos como provincia productora de hidrocarburos, perdiendo el precio diferencial en boca de expendio ante un llamativo silencio de las autoridades del Ejecutivo provincial.
Para una economía como la local, donde la logística terrestre y las actividades generadoras de valor dependen críticamente del insumo energético, el sostenimiento artificial de precios máximos medidos en dólares constituye un severo golpe a la competitividad. El debate parlamentario que se avecina en la Legislatura, con la posibilidad de citar a los representantes mendocinos en el directorio de YPF, resultará indispensable para clarificar si las distorsiones que asfixian al consumidor local responden a una matriz tributaria desproporcionada o a un manejo corporativo discrecional tolerado en detrimento de los intereses del interior profundo.
