Según la Real Academia Española, “escrache” es una palabra derivada del inglés “scratch” y que significa rasguño, arañazo. En esta parte del mundo, el término se utiliza para identificar una “manifestación popular de denuncia contra una persona pública a la que se acusa de haber cometido delitos graves o actos de corrupción y que en general se realiza frente a su domicilio o en algún otro lugar público al que deba concurrir la persona denunciada”. Según estiman algunos sociólogos, la palabra nació en su uso político en 1995 en nuestro país, utilizada por la agrupación de derechos humanos HIJOS para denunciar la impunidad de los genocidas del Proceso liberados por el indulto concedido por el ex presidente Carlos Menem.
Lo que en algún momento estuvo dirigido exclusivamente al ámbito de los delitos de lesa humanidad se ha ido extendiendo preocupantemente. Así, pasamos a observar escraches contra los autores (o presuntos autores) de delitos comunes y también llegamos a ver esta práctica contra funcionarios o ex funcionarios públicos.
En los últimos días se han producido estas manifestaciones contra políticos y periodistas que son cercanos a las ideas de mileísmo. Pero también han ocurrido –y ocurren- contra miembros del anterior gobierno y del resto de las expresiones políticas.
Obviamente, y es importante que así suceda, varias voces se han alzado contra estas conductas, que claramente van en contra del espíritu democrático. El descontento popular no debe ser canalizado a través de la agresión verbal o física contra quienes están ejerciendo los poderes estatales. En todo caso, los reveses electorales suelen ser mucho más dolorosos que los insultos.
Por otra parte, los ciudadanos debemos tener en claro que hay que seguir apostando a los resortes jurídicos a la hora de denunciar desmanejos o corrupciones de los funcionarios.
Finalmente, es la propia clase dirigente la que debe evitar estas situaciones, realizando su función como corresponde y, sobre todo, oponiéndose siempre a los escraches, sin distinción de la bandería política del escrachado.
