Hay una máxima no escrita en la política que sostiene que las instituciones deben ser, ante todo, predecibles. Sin embargo, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de suspender la autonomía municipal de San Rafael nos sitúa en un escenario de desconcierto. Más allá de las bibliotecas que se crucen para discutir el tema, lo que asoma con nitidez es una desprolijidad institucional manifiesta: se ha permitido avanzar hasta el corazón de un proceso soberano para luego, con los hechos consumados, aplicar un freno de mano que deja todo en un limbo preocupante.
Que la objeción llegue después de que la ciudadanía ya pasó por las urnas. Se movilizó la voluntad popular y ya se consolidó un camino administrativo bajo la bandera de la autonomía. Que ahora, con el resultado puesto y la maquinaria en marcha, se planteen reclamos de inconstitucionalidad que derivan en una cautelar, suena más a un desajuste de los tiempos del poder que a una verdadera búsqueda de justicia. Si había vicios de origen, la discusión debió cerrarse antes de convocar al pueblo; hacerlo después es, cuanto menos, una falta de respeto al espíritu republicano que debería guiar estos procesos.
La sensación de que se están «cambiando las reglas en la mitad del partido» es inevitable y alimenta la desconfianza hacia un sistema que parece reaccionar solo cuando sus intereses se ven interpelados.
La desprolijidad de haber llegado hasta este punto —con elecciones realizadas y mandatos claros— para luego judicializar la autonomía, deja un sabor amargo. La política y la justicia deben aprender que la legitimidad no se construye solo con sentencias, sino con el respeto a los tiempos y a la voluntad de una comunidad que ya decidió el rumbo que quiere tomar.
