A raíz de un documental de la televisión pública española, en Perú se abrió un gran debate sobre los lazos de la Policía y las bandas criminales. En las imágenes, se revelaron casos de uniformados que le alquilaban armas a diferentes grupos de delincuentes.
En el reportaje de la RTVE se entrevistó a dos personas pertenecientes a una organización criminal, quienes afirmaron que no compran armas, sino que la misma Policía se las alquila. Asimismo, señalaron que la tala ilegal de madera permite financiar el narcotráfico.
«Estamos hablando de toneladas de cocaína, base, pasta, piedra, champán, whisky, vino. Hay carteles bolivianos, peruanos, pero los sobornados, en primer lugar, son la Policía. Luego ellos los venden y revenden», precisaron los criminales.
Policía de Perú. Foto: Reuters.
A causa de estas polémicas declaraciones, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, develó que la mandataria Dina Boluarte instruyó a llevar a cabo una investigación para reconocer a los «responsables de actos de corrupción que afectan la honorabilidad de la Policía Nacional«.
«Una de las políticas públicas emblemáticas de la presidenta de la república es la lucha contra todo acto de corrupción, venga de donde venga, y no vamos a tener ninguna contemplación en sancionar a los responsables, si es que existieran, luego de las investigaciones», enfatizó Otárola.
Inmerso en esta situación, Jorge Angulo, comandante general de la Policía Nacional peruana, reconoció que algunos agentes alquilan armas a narcotraficantes. «No es un tema de ahora«, argumentó Angulo, dando a entender que el hecho es una realidad.
Por su parte, Vicente Romero, ministro del Interior, manifestó que «aquellos que cometan algún delito, la responsabilidad es individual, de manera que en eso tenemos que ser firmes». Y sentenció: «En todas las instituciones hay actos de corrupción«.
Fuente: Diario 26
