Este miércoles por la mañana, los vecinos del departamento de Malargüe, se vieron alertados por un gran despliegue policial y de varios organismos nacionales. Todo esto tuvo que ver con una orden de allanamiento ordenada por el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del Dr. Pugidéngolas, Secretaría del Dr. Boldrini, a raíz de sendas denuncias recibidas en la línea 145, dando cuenta que en una finca ubicada sobre Ruta Nacional 40 Sur, paraje “EL CHACAY”, denominada “VINA HNOS. S.R.L.” dedicada a la siembra, cosecha y acopio de ajos, habría una gran cantidad de personas que estarían siendo sometidas al delito de Trata de Personas, bajo explotación laboral. Es por eso que, la Fiscalía Federal, encabezada por el Dr. Sabas, Secretaría de la Dra. Vélez, le encomendó las tareas de investigación a la Brigada de la División UNIDAD OPERATIVA FEDERAL San Rafael, de la Policía Federal Argentina, quienes luego de casi dos meses de investigación, lograron constatar distintos movimientos que confirmaban las sospechas.
Ante esta circunstancia, los Federales presentaron las pruebas a la Justicia y debido a la inmediatez de la situación, solicitaron el allanamiento del lugar con el objeto de rescatar a los empleados afectados, contando para ello con la presencia de diferentes organismos, Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Mendoza y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
Como resultado del allanamiento, se logró rescatar a más de noventa personas, quienes vivían en condiciones vulnerables de habitabilidad, encontrándose alojadas en grandes galpones y habitaciones pequeñas, durmiendo en el suelo o en camas improvisadas armadas con pallets. La mayoría de ellos eran oriundos del norte del país e incluso extranjeros, comprobando también el personal especializado que un 90% de los trabajadores no se hallaban registrados como tal y otro tanto había ingresado al país de manera irregular. Cuatro personas responsables de la finca quedaron afectadas a una causa judicial por Infracción a la Ley de Trata de Personas. No se descartan que se concreten nuevos allanamientos ya que la empresa tendría otras fincas en la provincia mendocina.
