La Policía de Seguridad Rural ha puesto en marcha un plan integral para combatir el abigeato (robo de ganado) y el mercado clandestino de carnes en el sur de la provincia. El comisario Adrián Ríos, jefe de la dependencia, brindó detalles sobre los recientes operativos que han revelado un alto nivel de irregularidades en el transporte de hacienda.
En un reportaje que otorgó a la emisora radial FM Vos 94.5, explicó que el plan integral tiene dos pilares. «El plan tiene dos ejes. El control del mercado negro, donde a menudo terminan los animales robados, y el refuerzo de los controles de animales en pie en las rutas. Esta segunda arista busca evitar que los delincuentes puedan disfrazar la tropa sustraída en medio de las legítimas», contó Ríos al inicio de la nota.
“Lamentablemente, al realizar los operativos nos hemos encontrado con un panorama bastante desalentador debido a que hay gente que trabaja por fuera de la ley. En el último mes, hemos realizado varios procedimientos significativos en San Rafael y General Alvear, secuestrando más de cien animales, incluyendo grandes cargamentos de más de 80, 40, y 26 cabezas», detalló.
Fallas en la trazabilidad y requisitos obligatorios
Más adelante, el comisario aclaró cómo ocurre la irregularidad, o la infracción. «La falta se produce al mover animales sin cumplir con las normas sanitarias, que son exigidas por la legislación provincial. Una infracción no necesariamente implica un robo», aclaró Ríos.
«Para ser transportado legalmente, un animal de producción debe cumplir con varios requisitos de trazabilidad y propiedad. Uno de ellos es la señal a sangre (una marca en la oreja que individualiza al productor), la marca a fuego (una marca en el ancla izquierda del animal que certifica la propiedad) y la caravana (un dispositivo en la oreja con un número único que certifica que el animal ha recibido las vacunas y el tratamiento sanitario adecuado)», precisó.
Procedimiento para la restitución de animales secuestrados
Los animales secuestrados son trasladados a los corrales habilitados por la Dirección Provincial de Ganadería en la zona sur, que cuenta con establecimientos en General Alvear y cerca de Colonia Elena en San Rafael.
«El procedimiento administrativo exige que el propietario demuestre la legítima pertenencia de la tropa. El supuesto propietario tiene un plazo de diez días para demostrar interés en recuperarlos y regularizar la situación ante los organismos administrativos. Si logra comprobar que los animales le pertenecen, le son restituidos, aunque deberá abonar el canon correspondiente por los insumos de mantenimiento, además de una multa y la responsabilidad por haber infringido la normativa sanitaria», comentó el jefe de la Policía Rural.
«En caso de que el propietario no demuestre interés en el plazo estipulado, el Estado podrá disponer de los animales, sometiéndolos a un proceso de remate público», completó.
