La Procuración de Mendoza dictaminó que las tierras que reclama una mujer del Lof Mapuche le pertenecen a la empresa Sominar

El doctor Alejandro Gullé, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, dictaminó contra Nilda Verón de la comunidad Mapuche Lof El Sosneado, por el reclamo sobre la pertenencia de 3.400 hectáreas en la zona y aconsejaron el rechazo del recurso judicial que presentaron. El doctor Sebastián Capizzi, Fiscal Jefe en el Valle de Uco es firmante también de este dictamen, y desde Fm Vos y Diario San Rafael lo contactamos para conocer detalles. Concretamente manifestó que “Implica la pretensión de un titular del inmueble, que pide el desalojo de una fracción del terreno. Ha iniciado una demanda una ciudadana que manifiesta pertenecer a un Lof o comunidad Mapuche. La solución es aplicable únicamente a este caso, y tanto en primera instancia ante el juzgado en San Rafael, como la Cámara, y ahora ante la Corte, lo que se está discutiendo es el derecho de la empresa propietaria del terreno, a tomar posesión sobre el mismo. Lo que se ha debatido en definitiva son dos derechos, el de la empresa titular del inmueble, y el derecho sobre el terreno de esta persona que manifiesta pertenecer a una comunidad. En primera y segunda instancia, o sea en el Juzgado Civil y la Cámara, dijeron que la empresa tiene derecho a tomar la posesión del inmueble. Ahora esto mismo se está discutiendo en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Pero es una solución que, no debemos perder de vista esto, atañe solo a este caso en particular. La zona está comprendida en lo que sería la Estancia El Sosneado o también llamada Arroyo Blanco”.
La historia de este caso manifestó Capizzi “comienza cuando la empresa Sominar argumenta y prueba ser la dueña registral del terreno, o sea lo que comúnmente denominamos como que ‘tiene los papeles’. Han demostrados títulos hasta el año 1943. El padre la señora demandada se dedicaba a la cría de animales, alquilando los terrenos a esta empresa. El señor falleció y su hija reclama ahora derechos ancestrales sobre esta tierra, es decir que va mucho más allá de la tenencia que tenía su papá, y dice que estos territorios le pertenecen a la comunidad Mapuche desde hace unos ciento cincuenta años. Por lo tanto, básicamente se está discutiendo el derecho de propiedad de la empresa, con papeles registrados ante los organismos formales en nuestra provincia, Registro de la Propiedad, y el derecho ancestral que argumenta la señora sobre estas tierras desde hace ciento cincuenta años. La justicia Civil ha dicho que, por el momento, no se han podido demostrar esos derechos ancestrales. La ley nacional 26160, que está siendo cuestionada, establece determinados requisitos, y todos ellos han sido regulados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Concretamente se necesita tener una relación con el suelo que tiene que ser pública, actual y tradicional; esto significa que haya signos materiales o simbólicos de una relación de la comunidad sobre el terreno, por ejemplo un cementerio, un lugar de culto, un lugar de labranza y/o crianza de animales. Estos signos deben ser reconocibles para el público en general y que permitan reconocer una manifestación cultural sobre el terreno” explicó.
En referencia al resto de las tierras del sur mendocino que están siendo litigadas (cerca de 26.000 hectáreas también en El Sosneado y Malargüe con pozos petroleros incluidos y la traza del futuro paso Las Leñas), el doctor Capizzi manifestó que “lo que tienen de particular este caso es que el terreno que se está disputando no está dentro de aquello que fue censado en forma catastral y quedó dentro del relevamiento técnico que realizó el INAI, y que fue lo generó el reclamo de la provincia contra el acto administrativo del organismo. Esto quiere decir que este planteo que se resuelve en la Corte no está incluido dentro del plateo que ha realizado Mendoza contra el acto del INAI. Recordemos también que hay un fallo anterior del año 2021 en idénticos términos y que se resolvió en la Procuración. Desde ese momento hasta ahora no ha ingresado nada a la Procuración para dictaminar, aunque pueden estar tramitándose ahora en la justicia de primer o segundo grado” cerró la entrevista Fiscal Jefe en el Valle de Uco.