La procuradora fiscal Laura Monti dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa iniciada hoy por la ciudad de Buenos Aires, que pidió que se declarara inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández que dispuso la suspensión de las clases presenciales por 15 días en el AMBA.
La opinión de la Procuración, que no es vinculante para la Corte, no se refirió al fondo de la cuestión discutida (si el decreto es constitucional), sino solo a la competencia.
Monti entendió que el caso que planteó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es de “competencia originaria” de la Corte, como lo son los planteos entre provincias o entre una provincia y la Nación.
El Presidente se había referido hoy a este tema. Durante la conferencia de prensa que brindó después de reunirse con Rodríguez Larreta, dijo que la Corte no era el tribunal competente para decidir esta cuestión.
La procuradora Monti enumeró los antecedentes de otras causas que apoyan la idea de Rodríguez Larreta de que la Corte debe resolver el conflicto. Se refirió a la causa “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/Córdoba sobre ejecución fiscal”, que tuvo sentencia el 4 de abril de 2019. Allí se estableció que la Ciudad tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte.
Como el gobierno de la Ciudad demanda al Estado nacional y la Nación tiene derecho al fuero federal -argumentó Monti-, “la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales” es disponiendo que el causa tramite ante el máximo tribunal.
En respuesta a la Corte, la procuradora fiscal afirmó: “Opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”.
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Este dictamen de la Procuración -que es una opinión- es solo acerca de quién tiene que decidir, no sobre qué se debe decidir. El gobierno porteño pidió dos cuestiones en su escrito ante la Corte: que declare inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia de Fernández que suspendió por 15 días las clases presenciales ,y que disponga una medida cautelar que frene la puesta en marcha de esta norma para que los alumnos puedan concurrir el lunes a la escuela.
La Corte no dio ninguna pista sobre si tomará alguna decisión este fin de semana. Desde hace un año, los jueces se reúnen por Zoom, de manera virtual, y utilizan la firma electrónica, por lo que no tienen necesidad de reunirse físicamente en el mismo ámbito para deliberar.
Los argumentos de Larreta
El escrito del gobierno porteño sostiene que el DNU de Fernández carece de fundamentos, ataca la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal sobre sus atribuciones.
Cita datos según los cuales no hay evidencia de que la continuidad de las clases implique un aumento de los casos de coronavirus y, por el contrario, está acreditado que los focos de contagio no se dan en las escuelas. Son los mismos que hizo públicos Rodríguez Larreta en su conferencia.
En lo que hace a la autonomía, la demanda destaca que todo aquello que no afecte los intereses nacionales -presentes en la Ciudad como Capital de la Nación y sede de las autoridades del gobierno federal- y no se encuentre reservado a las autoridades federales, ni haya sido delegado, está en la “órbita de atribuciones de los poderes locales”.
“En consecuencia -afirma el gobierno porteño en su demanda-, las medidas sanitarias que deban adoptarse en los establecimientos educativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran reservadas al Jefe de Gobierno de la Ciudad y no al Poder Ejecutivo Nacional.”
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La demanda cita la Constitución porteña, que expresa que “la Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno Federal”.
Además, sostiene que el DNU viola el principio de igualdad pues las provincias pueden decidir sobre las clases en sus jurisdicciones, pero la Ciudad no puede hacerlo. “Esta decisión, que reiteramos ha sido tomada en forma inconsulta e intempestiva, constituye una clara violación al principio de igualdad por evidenciar una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias”, dice el escrito.
Los jueces de la Corte podrían intercambiar opiniones de manera virtual durante el fin de semana y hacer saber una decisión antes del lunes. En este caso están en juego cuestiones jurídicas, pero también políticas y sanitarias, que no escapan a la consideración de los magistrados, que hasta ahora han elegido mantenerse prescindentes en la tensión que domina los intercambios entre el oficialismo y la oposición.
Fuente: La Nación
