La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, ha presentado ante la Legislatura provincial un conjunto de 11 proyectos de ley diseñados para fortalecer las reformas en el sistema de seguridad y justicia. Estas iniciativas están dirigidas a la prevención del delito, la profesionalización de la seguridad privada, el control de los liberados, y la implementación del juicio por jurado para casos de robo agravado.
«Este es un paso hacia adelante, un avance de la lucha contra el delito en la provincia de Mendoza. Se trata de un proyecto que está compuesto por distintas normas y que se apoya en una mirada de seguridad integral. Si bien son cinco ejes los que lo integran, la centralidad está puesta en la prevención, porque nuestro propósito es evitar que ocurran los delitos. Siete de esas normativas se relacionan con el trabajo de la prevención. El corazón de este paquete apunta a fortalecer las competencias de las fuerzas de seguridad y el control y registro sobre la comercialización de bienes usados», explicó al principio de la nota la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.
«El mercado ilegal de bienes es el que nutre generalmente a quienes cometen delitos. Celulares, autopartes, entre otros, son vendidos en las redes sociales con facilidad y luego muchas veces terminan a la venta en determinados lugares de forma fraudulenta. Esta ley tiende a regular toda esta situación. Se va a avanzar con un control riguroso de un régimen que antes no existía por algunas cuestiones de lagunas legales, en el sentido de si la atribución correspondía al municipio o la provincia. Ahora, nosotros asumimos esta función como propia, porque entendemos que lo que hace al registro de bienes usados tiene que ver con la seguridad pública», amplió.
«Si no hay un control eficaz esos mercados se consolidan. A lo que nosotros apuntamos es a que Mendoza sea un territorio hostil a ese tipo de comercialización con objetos robados. Estamos convencidos de que esta norma puede influir en la merma de esta clase de delitos. Con ello se le otorga mayores facultades a la policía para que puedan hacer inteligencia sobre lo que se está ofreciendo en las redes y demás. Asimismo, habilita un sistema optativo para la trazabilidad de bienes, es decir, un registro de bienes usados. La idea es que no se puedan ofrecer a la venta aquellos bienes que provienen de un ilícito. Es un tema central dentro del eje de la prevención», destacó.
Después, dentro del mismo fundamento, dijo que el paquete de leyes hace hincapié en lo que se conoce como la ampliación de la inserción en la orden del día. «En este punto se busca incorporar al sistema los pedidos de paraderos, prohibiciones de ingreso a eventos deportivos, prohibiciones de acercamiento, inhabilitaciones para conducir. El objetivo es lograr una mejor coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia, en relación con las medidas dispuestas con impacto en materia de seguridad. Por otra parte, con esta reforma se va a ampliar el sistema de videovigilancia a la captación de datos y el uso de inteligencia artificial, habilitando reconocimiento facial, reconocimiento de patentes y patrones delictivos. Muchas de estas cuestiones no están contempladas en la norma actual», aseguró Rus.
Más adelante, presentó las reformas que se centran sobre el eje de la Justicia. «En una de las leyes presentadas al respecto, se establece la audiencia oral para pedir allanamientos y la presencia del juez en casos graves y complejos. La presencia del juez en allanamientos graves o complejos colabora con el control del procedimiento y la rápida disposición de nuevas medidas en el lugar. Queremos darles una mayor celeridad a los procesos», argumentó.
Por otra parte, señaló que el paquete de leyes propone la ampliación del juicio por jurados. «Queremos otorgarle mayor participación a la ciudadanía. Por ello, buscamos que se instrumente la ampliación de juicio por jurados, permitiendo la intervención en robos con lesiones graves o gravísimas, muchas veces producto de entraderas, y los homicidios simples, sin uso de armas, por ejemplo; los casos de ajustes de cuentas de pandillas y entre bandas delictivas», manifestó la ministra Rus.
Asimismo, comentó el alcance de las leyes que se fundamentan sobre el eje del sistema penitenciario. «Sobre este eje ponemos el foco en mejorar el control, monitoreo y seguimiento de liberados a través de la nueva figura del Oficial de Libertad Vigilada y mediante tecnología, para evitar que las personas reincidan en comportamientos delictivos y facilitándoles su reintegración a la sociedad. Cerca del 50 % de los detenidos son reincidentes, nos parece necesario actuar en los distintos frentes si queremos darle realmente batalla al delito», enfatizó.
«Incluso, en el mes de enero sacamos una resolución para que en la cárcel no se acepten más celulares. Por otra parte, se instruyó sobre un cronograma para que se comiencen a retirar los celulares que están dentro del sistema penitenciario. Se está avanzado sobre los perfiles más complicados y que se relacionan con casos de estafas o de mala conducta dentro de la cárcel. Que se permita el uso de los celulares fue un error muy grave conceptual dentro de la época de pandemia. Fue una decisión nefasta que se prolongó en el tiempo. Su uso en las cárceles va en contra de la seguridad pública, por ese motivo sacamos esa resolución», resaltó.
Al terminar la nota, precisó que el Ministerio Público Fiscal apeló el fallo que resolvió que los presos alojados en penales provinciales no podrán acceder a teléfonos celulares dentro de las cárceles, siempre y cuando existan teléfonos públicos en los pabellones. «Uno de los argumentos que se dio es que solamente se podrá disponer el retiro de los equipos telefónicos celulares en los sectores de alojamiento, donde se encuentre instalado y en condiciones operativas un sistema de telefonía pública en los términos del art. 2° de la resolución 1122/98 (Reglamento de Telefonía Pública), debiendo garantizar al menos un equipo por cada pabellón, ala, o sector de cada establecimiento carcelario. La verdad que es imposible cumplir con esa resolución, no es posible brindar un sistema así, porque las compañías ya no ofrecen ese sistema. Esas han sido las circunstancias que han trabado la situación y no nos permitió avanzar con el tema. La Suprema Corte es quien deberá resolver sobre este punto», cerró la entrevista la ministra Mercedes Rus. Esta decisión judicial permitirá retirar y prohibir definitivamente los celulares en las cárceles mendocinas, que en la actualidad sirven para dirigir bandas de delincuentes, el narcotráfico y realizar estafas desde adentró de las cárceles.
