La modificación de la ley de prevención de incendios descentraliza las certificaciones, elimina vencimientos periódicos y reduce costos para la actividad privada, con un nuevo rol para los municipios y un alcance diferenciado según el tipo de edificio.
La Provincia de Mendoza avanzó en una modificación profunda del sistema de prevención de incendios que regía desde el año 2006, una normativa que acumulaba críticas por su complejidad, costos elevados y una burocracia que, con el paso del tiempo, se volvió un obstáculo para quienes desarrollan actividades comerciales. Los cambios introducidos apuntan a modernizar el esquema vigente, descentralizar funciones y facilitar la obtención del tradicional certificado de bomberos, especialmente para el sector privado.
Al respecto, el director de Asuntos Gubernamentales de la Provincia, Francisco Mondotte, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que la ley anterior “tenía 20 años y muchos cuestionamientos por parte de empresarios, comerciantes y personas que ejercen la actividad económica en el ámbito privado”. En ese sentido, recordó que el sistema exigía un certificado de medidas de protección aptas contra incendios que “requería una tramitación bastante extensa y era onerosa, porque implicaba la contratación de profesionales y la presentación permanente o periódica de planos”.
Mondotte remarcó que el problema no solo era el costo, sino también la superposición de instancias. “Por un lado la habilitación la daba cada municipio, pero por otro lado había que ir a bomberos de la provincia para obtener el certificado. Era realmente engorroso”, sostuvo. Esta doble vía generaba demoras y complicaciones que, en muchos casos, afectaban la continuidad de la actividad comercial.
La modificación de la ley introduce tres cambios centrales. El primero tiene que ver con la descentralización del sistema. “Es una modernización del sistema de prevención de incendios porque descentraliza todo. En lugar de depender de bomberos de la provincia, ahora se abre la posibilidad de que lo hagan los mismos municipios, siempre que cuenten con un área técnica con rigor técnico y conocimiento en temas de seguridad”, detalló el funcionario. De esta manera, cada municipio podrá extender el certificado para quienes desarrollen actividad privada, mientras que los edificios públicos o quienes presten servicios públicos continuarán bajo la órbita de bomberos.
El segundo eje de la reforma apunta directamente a uno de los reclamos históricos del sector comercial: la vigencia del certificado. “Este certificado no va a tener una fecha de vencimiento. En la medida en que no hagas modificaciones en tu local o en la actividad que estás desarrollando, no vas a tener que renovarlo otra vez”, explicó Mondotte. Según indicó, el nuevo esquema invierte la lógica anterior, ya que “en lugar de tener que ir todos los años o cada cierto tiempo a tramitarlo de nuevo, ahora lo vas a tramitar una sola vez”, aunque se mantendrán inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
El tercer punto destacado tiene un fuerte impacto económico. Mondotte señaló que el cambio beneficiará especialmente a actividades de gran superficie, como supermercados, grandes almacenes, estaciones de servicio, concesionarias y edificios que antes debían afrontar obras costosas para adecuarse a exigencias reiteradas. “Va a haber un criterio del municipio, que es quien establece la habilitación comercial y a su vez va a poder dar el certificado”, afirmó, subrayando que el nuevo sistema reduce costos y tiempos.
En cuanto al alcance de la norma, la ley establece un parámetro de 450 metros cuadrados, aunque el funcionario aclaró que ese límite puede ampliarse si el municipio cuenta con un área técnica adecuada. “Si los municipios tienen el área técnica, aun los negocios que tengan más de 450 metros cuadrados, los hoteles o los edificios en altura van a poder ser certificados por los propios organismos municipales”, precisó. En los casos en que no exista esa estructura, la certificación seguirá a cargo de bomberos de la provincia.
Mondotte también contextualizó el origen de la ley de 2006 y explicó por qué resultaba necesaria su actualización. “Las leyes son hijas de su contexto. En ese momento estaba muy fresco lo que había sucedido en Cromañón, y probablemente fue una ley excesivamente reglamentarista, que con el paso del tiempo terminó siendo engorrosa y no necesariamente implicó un mejor control”, reflexionó.
Respecto al rol de los profesionales técnicos, aclaró que la reforma no modifica sus incumbencias. “No cambian las incumbencias de los profesionales. Lo que cambia es la necesidad de renovar permanentemente esta habilitación, aun cuando no hubiera modificaciones en la estructura”, indicó, remarcando que el objetivo es aliviar la carga económica y administrativa sobre el sector privado.
Finalmente, el director de Asuntos Gubernamentales destacó que se trata de una ley de carácter provincial, de aplicación obligatoria en todo Mendoza, aunque cada municipio deberá definir si crea su propia área técnica. “Entendemos que va a ser lo habitual, sobre todo en los grandes municipios, porque tienen mucha actividad. Centralizar todo en un solo lugar va a facilitar que los trámites sean más rápidos, más sencillos y sobre todo más económicos”, concluyó.
