La reforma minera en la provincia genera un fuerte debate y la Cámara de Servicios Mineros se opone al cambio

La propuesta de reforma para dinamizar la minería en la provincia de Mendoza ha desatado un debate candente entre diversos sectores.
Dentro de ese contexto, Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, expresó una preocupación profunda ante lo que considera un paso en falso en la búsqueda del progreso económico. Asimismo, el directivo reveló las implicancias legales y económicas de esta controvertida medida.
“Para ir al hueso, no son miradas subjetivas”, relató Ferrer a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 y agregó: “Consideramos que la provincia, estas últimas administraciones, ha estado rezagada en términos de desarrollo. La falta de recursos genuinos ha llevado a un endeudamiento insostenible, y la propuesta de reforma minera parece más una maniobra política que una solución efectiva”.
La eliminación del Consejo Minero, un ente de control compuesto por expertos en geología y derecho minero, es uno de los puntos críticos de la reforma.
Sobre ese punto en cuestión, Ferrer señaló que “esta medida centraliza el poder en manos del Director de Minería y de Impulsa Mendoza, una sociedad anónima que, según él, carece de suficiente control estatal”.
“Antes, el Consejo Minero evaluaba las concesiones mineras con argumentos fundados”, explicó Ferrer. “Ahora, estas decisiones quedan en manos de funcionarios designados sin la misma transparencia y rigurosidad”, argumentó.
La preocupación de Ferrer radica en la falta de salvaguardias para evitar posibles abusos. El directivo afirmó que la ley propuesta “vulnera el código de minería nacional y concentra un poder excesivo en unas pocas manos”.
“Esto no es solo una cuestión de opiniones”, enfatizó Ferrer. “Es un tema jurídico que afecta directamente los derechos de todos los mendocinos. La ley propuesta favorece intereses particulares en lugar del bienestar general”, completó.
Ante la inminente aprobación en el Senado Provincial, Ferrer anticipó una batalla legal liderada por diversas organizaciones. Dentro de ese contexto aparecerán desde “sectores ambientalistas hasta empresarios mineros” ya que “hay un consenso en la necesidad de revisar esta reforma en profundidad”.
“Nuestra Cámara está preparada para emprender acciones legales”, declaró Ferrer. Por otro lado aseguro que se espera que “el Senado escuche nuestras preocupaciones y realice modificaciones sustanciales antes de convertir esta propuesta en ley”.
En cuanto al supuesto respaldo del sector empresarial al proyecto, Ferrer lo desmiente “rotundamente”.
“Los sectores empresariales no apoyan esta reforma”, aseguró Ferrer. “Por el contrario, exigimos ser parte del proceso legislativo para garantizar que las decisiones tomadas sean en beneficio del desarrollo sostenible y equitativo”, concluyó el directivo.