El gobierno provincial oficializó este martes la reincorporación de dos policías que habían sido echadas de la fuerza mientras estaban embarazadas. A través de los decretos 3268 y 3267, respectivamente, el Ministerio de Seguridad acató sendos fallos de la Suprema Corte de Justicia y reintegró a la fuerza a las agentes.
El primero de los casos ocurrió en el 2022, cuando se decidió el despido de la oficial subayudante Shirley Chanta, cuando cursaba su octavo mes de embarazo y fue denunciada por golpear a otra mujer en Tunuyán.
La efectivo negó la autoría del hecho y destacó que la causa judicial fue archivada. Sin embargo, el expediente administrativo continuó y la Inspección General de Seguridad sugirió la desafectación de su cargo.
“La administración atenta severamente contra el debido proceso adjetivo, no otorgando la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y sin tener presente que se encontraba de licencia por maternidad al momento de lo sugerido, afectando derechos que le asisten ante esa eventualidad”, se defendió Chanta, que llevó su caso a la Justicia.
Finalmente, la Suprema Corte falló en contra del despido, asegurando que la decisión “no contó con perspectiva de género”.
“No se tuvo en cuenta y ni siquiera mencionó la protección constitucional que merece la maternidad, la que se encuentra destinada a salvaguardar no sólo a la mujer en estado de gravidez sino también a la persona por nacer, tanto en los meses anteriores como en los posteriores al alumbramiento”, explica el fallo en sus considerandos.
Así las cosas, la Corte ordenó “hacer lugar a la medida cautelar interpuesta” por la policía y “disponer que el Gobierno de la Provincia de Mendoza suspenda la ejecución del Decreto N° 1443 del Sr. Gobernador de la Provincia y reincorpore a la Sra. Shirley Tamara Chanta en el cargo correspondiente a la situación de revista por ella poseída a la fecha de disponerse la referida desafectación”.
El segundo caso se trata de la auxiliar Jaquelina Martínez, quien había sido dado de baja obligatoria el 25 de octubre del 2013, amparándose en el inciso 3 del artículo 58 de la Ley 6722, que establece que “corresponderá la baja obligatoria del personal policial en los casos de… enfermedad o lesión, causadas o no por actos de servicio, que produjeren ineptitud para el normal ejercicio de la función policial, luego de agotadas las licencias para el tratamiento de la salud, sin perjuicio de los derechos previsionales que correspondieren“.
La mujer apeló y la Suprema Corte hizo lugar a su reclamo, señalando que “tomar las licencias en estado de gravidez, con los mismos efectos que las licencias por tratamiento de salud, sería un acto discriminatorio para la mujer, dado que la misma goza de protección durante su embarazo“.
Además, estableció una indemnización equivalente 50% del monto de las remuneraciones mensuales de que fue privada durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 2012 y la efectiva reincorporación, sumado a los intereses desde el vencimiento de cada periodo, cifra que supera los 4,2 millones de pesos.
Fuente: El Sol
