Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), confirmó la presentación de un amparo ante la justicia en conjunto con otras entidades del sector para revertir dos puntos clave del nuevo digesto del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. Los cambios, que atentan contra la trazabilidad y la estadística, han unido a la industria y a los gobiernos provinciales en su rechazo.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO: DESCONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA
Ruggeri detalló que el conflicto surgió tras una reunión en Mendoza con el ministro Sturzenegger, donde el 97% de la industria y los gobiernos provinciales explicaron la importancia de mantener las regulaciones históricas. «Le explicamos el porqué de todas las regulaciones, especialmente por qué el CIU (Certificado de Ingreso de Uvas) y el formulario CEC-05 (Declaración Jurada Anual de Elaboración o Fin de Cosecha) no deberían ser modificados«, dijo a FM Vos 94.5.
El reclamo se centra en dos puntos: la obligatoriedad del CIU y la no eliminación del CEC-05. A pesar de los argumentos presentados, Sturzenegger mantuvo su postura de hacer el CIU optativo.
Tras el fracaso de la vía administrativa, las entidades enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y procedieron con la acción judicial. «Las entidades vitivinícolas hicimos un nuevo pedido e intentamos juntarnos con él, pero no tuvimos éxito. Por eso, primero hicimos una carta al ministro Caputo y, luego, el lunes, presentamos un amparo ante la justicia por el CIU y el CEC-05», comentó Ruggeri.
Entre las entidades firmantes del amparo se encuentran, además de ACOVI, la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios. Dichas entidades solicitan la nulidad de la resolución 37/2025 firmada por el presidente del INV, Carlos Raul Tizio Mayer, que elimina 973 normas y deja de controlar todo el proceso productivo para enfocarse solo en el producto final. La movida impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, busca eliminar 140.000 permisos y 3000 inspecciones anuales para bajar costos productivos de la actividad. En la mencionada resolución, que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, se anula la obligatoriedad del CIU y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC-05), que se reemplazaría por una certificación unilateral de cosecha o un documento de tránsito vegetal (DTV).
EL CIU: LA BASE DE TODA LA TRAZABILIDAD
El titular de ACOVI enfatizó que el CIU es un instrumento fundamental para el funcionamiento y la transparencia del sector, y que su eliminación atenta contra pilares del sistema. «El CIU es la base de toda la estadística y de toda la trazabilidad que existe en la vitivinicultura», aseguró el titular de ACOVI.
El sistema permite identificar la propiedad, el origen, la variedad, el azúcar y el método de cosecha de la uva. Hacerlo optativo conlleva riesgos directos. «Si el CIU no es obligatorio, no se podrá saber de quién es la uva que ingresó, qué variedad y qué cantidad real. Esto se presta para algunas picardías de aquellas empresas que no hacen tan bien las cosas», observó en otro tramo de la entrevista.
Ruggeri defendió que la propuesta de Sturzenegger se basa en el desconocimiento absoluto de la industria. «Se pierde toda la trazabilidad y la estadística. ¿Cómo vamos a saber qué volúmenes se elaboraron si no tenemos los kilos exactos que ingresaron? No podremos aplicar ninguna política vitivinícola si no sabemos cuáles van a ser los stocks», planteó.
Además, el CIU cumple un rol como elemento de contratación y prueba de propiedad. «Es la base de toda la información y la estadística, además de demostrar propiedad. Si la bodega no te hace el CIU, ¿cómo vamos a saber si el vino que está dentro de esa bodega te pertenece o es uva de la misma bodega?», reflexionó sobre el cierre el referente del sector.
LA VÍA JUDICIAL Y EL ALCANCE DEL AMPARO
El presidente de ACOVI aclaró que el amparo judicial tiene un alcance limitado a los dos puntos de controversia y no busca frenar todas las reformas del INV. Las entidades esperan que la justicia exija al gobierno una respuesta, y posiblemente una declaración de no innovar, hasta que se resuelva la controversia de fondo, que es vital para la supervivencia y control de la vitivinicultura argentina.
