La ola de protestas ciudadanas iniciadas el año pasado en muchos países de Latinoamérica y la consiguiente represión policial han contribuido a que la región siga siendo, un año más, la zona “más peligrosa” del mundo para la defensa de los derechos humanos. Así lo señala Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre las Américas, presentado ayer, que radiografía la situación en todo el continente americano, incluyendo EE.UU. y Canadá.
De la misma manera, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, coincidió en alertar sobre el retroceso de libertades en la región tras el estallido de las revueltas y reclamó a los gobiernos atender “la desigualdad”.
La ONG cifra en 210 los muertos en protestas callejeras que en el 2019 hubo en Haití (83), Venezuela (47), Bolivia (35), Chile (31), Ecuador (8) y Honduras (6). La organización también recuerda las movilizaciones en Puerto Rico y Colombia, aunque no hace referencia a los tres fallecidos en las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque.
No obstante, y a pesar de la desaparición de la guerrilla de las FARC, AI remarca que Colombia sigue siendo “el país más letal” para los defensores de los derechos humanos, con la muerte de 106 “líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos”.
El informe dice que las protestas “fueron generalizadas y sus reivindicaciones abarcaban desde poner fin a la corrupción hasta tener un acceso más equitativo a la educación y a un nivel de vida y salud adecuado”. AI denuncia que las autoridades respondieron a las protestas “con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, en lugar de establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de quienes se manifestaban”.
En la misma línea se pronunció ayer Bachelet al hablar de Latinoamérica en el discurso inaugural de las sesiones en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La expresidenta chilena puso como ejemplo la represión policial en Chile y Ecuador y dijo que “como en otros países, hay una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas”.
“Debe atenderse la razón de éstas, que es la desigualdad”, agregó. Bachelet destacó la situación negativa en Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala, se refirió al drama de la inmigración y denunció la “imputación de decenas de antiguos altos cargos” del gobierno del expresidente boliviano Evo Morales.
Igualmente, la alta comisionada criticó las políticas del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que suponen un retroceso en la protección medioambiental y que se evidencian en “las requisas de tierras de indígenas y afrodescendientes” y en los “ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas”.
