El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 55/2023, la “emergencia del sector energético nacional” hasta el 31 de diciembre de 2024 y dispuso el inicio del proceso de revisión tarifaria con el mismo plazo que tendrá impacto en Mendoza.
En este sentido, la ministra de Energía de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, reconoció que esa decisión del Gobierno nacional va a repercutir en el precio final de la boleta de luz que pagan los mendocinos. “Si el precio de la energía aumenta por las medidas nacionales, obviamente se traslada a la tarifa del usuario final”, explicó la funcionaria cornejista.
La ex diputada nacional, especialista en temas energéticos (fue titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico antes de llegar al Congreso), explicó que la medida de la Casa Rosada apunta a recomponer el mercado energético con una “revisión tarifaria que no se hizo en estos cuatro años”.
El costo del servicio eléctrico se compone por tres ítems: impuestos; Valor Agregado de Distribución Agregado (VAD) -que controla la provincia-; y generación y transporte, que depende del Estado nacional y representa un 35% del precio final de la tarifa.
Ese último punto es el revisará el gobierno de Milei. “Sobre ese 35% es la quita de subsidios que está anunciando el Gobierno Nacional. El exministro (Sergio) Massa dejó una segmentación de esas tarifas de acuerdo con los ingresos de los usuarios, pero esa segmentación implicaba también una serie de distorsión de los precios”, graficó Latorre.
Respecto a la quita de subsidios, la exdiputada nacional expresó que “lo que habría es un redireccionamiento de la oferta a la demanda”, para subvencionar la tarifa eléctrica sólo a quienes efectivamente lo necesiten.
“Estoy de acuerdo con que tenemos una distorsión de los mercados” que repercute en los precios, “y eso a la larga o a la corta siempre se termina pagando con inflación”, remarcó Latorre.
Revisión tarifaria y quita de subsidios
El Gobierno Nacional decretó este lunes la emergencia energética con el objetivo de comenzar el proceso de adecuación de las tarifas de luz y gas. El DNU 55/2023 resalta en sus considerandos que habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, “resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro”.
En consecuencia, declara en su artículo 1 “la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.
El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para “la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.
Así las cosas, determina a través del artículo 3 el “inicio de la revisión tarifaria” correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de “transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural“, y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes “no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024”.
Por otra parte, la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas económicas en la que se encontraba la quita de subsidios en transporte y energía, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2024.
Fuente: El Sol
