El asesinato de Leonel Ortiz, el niño de apenas 7 años que murió tras un ataque a tiros contra una vivienda de Las Heras, obliga a mirar de frente una problemática que avanza y deja consecuencias irreparables. De acuerdo con la investigación, los delincuentes habrían actuado por una presunta venganza contra el hermano del pequeño. Leonel quedó en medio de una violencia que no provocó, no eligió y nunca debió alcanzarlo.
Las circunstancias que rodeaban a la vivienda y las posibles acciones de personas de su entorno serán materia de investigación judicial. Nada de eso, sin embargo, puede relativizar lo ocurrido: un niño fue asesinado dentro de una casa por atacantes que utilizaron armas de fuego para resolver una disputa presuntamente ligada a la comercialización de drogas.
El crimen representa una dolorosa señal de alarma. Cuando el narcotráfico logra instalarse en un territorio no se limita a la venta de sustancias. A su alrededor aparecen armas, amenazas, disputas por el control de zonas, ajustes de cuentas y una violencia que termina alcanzando también a personas completamente ajenas. Leonel fue una víctima inocente de ese entramado criminal.
Aunque el hecho ocurrió en Las Heras, San Rafael no puede observarlo como una realidad lejana. Nuestro departamento tampoco es ajeno al crecimiento del narcomenudeo, como lo demuestran los procedimientos, allanamientos y detenciones realizados periódicamente en distintos barrios y distritos. La presencia de puntos de venta y estructuras dedicadas a distribuir estupefacientes deteriora la convivencia, afecta especialmente a los sectores más vulnerables y crea condiciones para que otros delitos se multipliquen.
Sería un error esperar que San Rafael atraviese situaciones extremas para reconocer la dimensión del problema. La experiencia de otros territorios demuestra que, cuando las organizaciones criminales consiguen consolidarse, recuperar el control se vuelve mucho más difícil, costoso y doloroso. Actuar tempranamente no es exagerar el diagnóstico: es evitar que la violencia avance hasta niveles que luego parezcan irreversibles.
La respuesta tampoco puede descansar exclusivamente en operativos realizados después de cada tragedia. Es indispensable fortalecer la inteligencia criminal, perseguir el circuito económico del narcotráfico, controlar las armas ilegales y sostener la presencia policial en las zonas más expuestas. Pero también se necesitan políticas de prevención, tratamiento de consumos problemáticos, educación, contención familiar y oportunidades concretas para quienes encuentran en las economías delictivas una falsa salida.
La Nación, la Provincia, los municipios, la Justicia y las fuerzas de seguridad deben trabajar de manera articulada, sin competencias estériles ni especulaciones partidarias. El narcotráfico no distingue colores políticos ni límites departamentales. Por eso, enfrentarlo demanda continuidad, planificación, intercambio de información y recursos acordes con la gravedad de la amenaza.
La muerte de Leonel no puede quedar reducida a otro caso policial que conmueve durante algunos días y después desaparece de la agenda pública. Su crimen debe interpelar a todo el Estado y a la sociedad. Mendoza todavía está a tiempo de impedir que las balaceras y las venganzas vinculadas con las drogas se naturalicen. Para lograrlo, es necesario reconocer el problema y convertir su combate en una verdadera política de Estado.
