Ley 7722: invitan a participar de una manifestación en el primer aniversario de su restitución

Hoy tendrá lugar una nueva manifestación para pedir que se siga respetando la ley 7722, considerada “Guardiana del agua de Mendoza”, ya que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera de la provincia.
Lilian Tapia, una de las organizadoras de la manifestación, explicó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que esta norma que “nació del pueblo” fue derogada y reemplazada por la “ley cianuro”, que permitía el uso de ese químico, por lo que comenzaron las marchas populares y el 26 de diciembre de 2019, fue la mayor manifestación de la historia de Mendoza, lo cual llevó a que el Gobernador tuviera que dar marcha atrás y mandara el proyecto al Congreso para restituir aquella ley, lo que fue aprobado el 30 de diciembre. “Al cumplirse el año, queremos celebrar que tenemos nuestra Ley 7722, lleva un año de restituida e invitamos a toda la población a festejar a las 19 en el Kilómetro Cero; necesitamos que traigan banderas, pancartas, instrumentos de música, también invitamos a grupos musicales porque es una celebración”, dijo. Aclaró que la 7722 no es una ley “antiminera” (como sostienen algunos especialistas y funcionarios), ya que no se trata de una normativa que prohíba la actividad minera, de hecho hay proyectos como Hierro Indio o Río Colorado que están autorizados, pues justamente no van contra la ley. “Solamente produce el uso de agregados de sustancias químicas, tóxicas al agua; o sea, se puede hacer cualquier minería que no agregue sustancias tóxicas al agua, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico”, señaló.
Considera que no hay claridad respecto de la manera de trabajar de las mineras, pues “tampoco hay controles”, siendo Sierra Pintada en San Rafael “el mejor ejemplo”, ya que “lleva más de 20 años abandonada, sin remediar, con todos los pasivos al aire libre”. Es decir que frente a antecedentes como ese, no se puede confiar en ningún Gobierno. “Cualquier accidente va directo al agua y a la población, son riesgos en forma directa”, aseguró, y agregó que “la mayoría de las empresas mineras, en sus países, no pueden hacer este tipo de actividades”.
Recientemente, desde el Gobierno se creó el Consejo Social, Económico y Ambiental que incluyó a diferentes organismos. No obstante, los ambientalistas sostienen que a ellos no les llegó ninguna invitación para participar, lo cual da a pensar que “realmente han invitado a la gente que ellos consideran que les van a dar el visto bueno”. “Creemos que es para conseguir un falso consenso social que no está”, concluyó.