La iniciativa enviada por el Gobierno de Mendoza busca otorgar respaldo legal al programa que permite intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas. Aunque ya hubo demoliciones y tapiados en el Gran Mendoza, en San Rafael todavía no se registró ninguna propiedad alcanzada por este mecanismo.
El Gobierno de Mendoza impulsa un proyecto de ley que busca convertir en una política de Estado la intervención administrativa sobre inmuebles utilizados como «aguantaderos», búnkeres de venta de drogas o espacios vinculados a la comisión de delitos. La iniciativa, presentada por el Ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Mercedes Rus, pretende otorgar un marco legal permanente a un programa que ya comenzó a aplicarse en distintos departamentos del Gran Mendoza.
No obstante, un dato relevante para el Sur provincial es que hasta la fecha ninguna propiedad de San Rafael ha sido intervenida, tapiada o demolida bajo este programa, por lo que la herramienta aún no tuvo aplicación en el departamento.
Una herramienta para recuperar inmuebles utilizados por el delito
La propuesta no apunta a expropiar viviendas ni a afectar el derecho de propiedad de quienes poseen inmuebles en regla. Por el contrario, establece un procedimiento administrativo para actuar sobre edificaciones abandonadas o utilizadas de manera sistemática para actividades ilícitas, como la comercialización de estupefacientes, el ocultamiento de delincuentes o la reducción de elementos robados.
Las medidas que puede adoptar el Estado incluyen desde el tapiado de accesos hasta la demolición de estructuras, siempre luego de un procedimiento administrativo y con intervención de los organismos competentes.
Según explicó la ministra Mercedes Rus, el objetivo es evitar que esos inmuebles continúen funcionando como focos de inseguridad y devolver tranquilidad a los barrios donde suelen concentrarse este tipo de situaciones.
Dónde ya se aplicó
Aunque el proyecto de ley todavía busca consolidar este mecanismo en la Legislatura, el programa ya registra antecedentes concretos.
De acuerdo con información oficial, durante los últimos meses se realizaron tapiados en Godoy Cruz, una demolición en Guaymallén y previamente otras intervenciones en Las Heras, Ciudad y el propio Guaymallén, donde fueron derribados búnkeres narco y aguantaderos que habían sido identificados como puntos de actividad delictiva.
Incluso Las Heras firmó recientemente un convenio para incorporarse formalmente al programa y agilizar este tipo de procedimientos junto al Ministerio de Seguridad.
¿Qué ocurre en San Rafael?
Hasta el momento, San Rafael no forma parte de la lista de departamentos donde se ejecutaron intervenciones en el marco de este programa. Tampoco se informó oficialmente sobre expedientes abiertos o inmuebles del departamento que hayan sido incluidos dentro de esta política provincial.
Esto no implica que no existan investigaciones por venta de drogas o inmuebles vinculados al delito, sino que la herramienta administrativa de tapiado o demolición prevista por el Ministerio de Seguridad aún no fue utilizada en territorio sanrafaelino.
En caso de que el proyecto obtenga sanción legislativa, el Gobierno provincial contará con un respaldo normativo específico para continuar extendiendo este mecanismo a otros municipios cuando las circunstancias lo justifiquen, siempre respetando el procedimiento administrativo previsto y las garantías de los propietarios.
