La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió dictámenes para tres proyectos de reforma a la ley de alquileres impulsados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal. Asimismo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados acordaron citar a especialistas para dar el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, se acordó fijar un cronograma de trabajo sobre el tema de la boleta única.
En relación a los proyectos de la ley de alquileres, el Frente de Todos- que logró conseguir el despacho de mayoría con 16 firmas- propone mantener los aspectos esenciales de la ley vigente y sumar a esta incentivos fiscales para propietarios a través del impuesto a los bienes personales, junto con un sistema de fomento para la construcción destinada a viviendas en alquiler y habilitar las denuncias por posibles abusos ante Defensa del Consumidor.
La ley vigente -sancionada en 2020 a instancias del bloque de Cambiemos- amplió la vigencia de los contratos de alquiler de 2 a 3 años y fijó un indicador anual de ajuste de valores basado en un promedio de la inflación y los salarios, que ahora es cuestionado por inmobiliarias y propietarios y que es defendido por las principales asociaciones de inquilinos.
Juntos por el Cambio, por su parte, propone en su despacho -que tiene 14 firmas- reducir los plazos de los contratos de tres a dos años y un esquema de actualizaciones semestral, que pueden o no ser en base a un índice estadístico según pacten las partes.
Por último, el Interbloque Federal – sobre la base de un proyecto presentado por diputados del bloque Juntos por Rio Negro- también propone reducir de tres a dos años la vigencia de los contratos e incluir beneficios fiscales.
La discusión convocada por la comisión de Legislación General contó con la exposición previa de 132 oradores pertenecientes a asociaciones de defensa del consumir, corredores inmobiliarios y asociaciones de inquilinos, quienes expresaron posiciones contrapuestas sobre cómo reformar la ley de alquileres.