El Gobierno nacional avanza con un polémico proyecto para modificar la Ley de Glaciares y reducir las zonas protegidas, para abrir puertas a actividades mineras, hidrocarburíferas y de infraestructura en áreas que hoy se encuentran restringidas.
Aunque todavía no hay un texto definitivo ni fechas concretas para el debate parlamentario, la intención de “dar seguridad jurídica a las inversiones” ya genera un fuerte rechazo en sectores ambientalistas y científicos, que alertan por el posible impacto en regiones sensibles como el sur de Mendoza.
El debate en torno a la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, volvió así al primer plano político, económico y ambiental. El Gobierno comenzó a mover las piezas para avanzar con una eventual derogación o una reforma profunda de la norma durante las sesiones extraordinarias del Congreso, que podrían habilitarse entre diciembre y febrero.
La jugada apunta a destrabar inversiones, especialmente en proyectos mineros de cobre y otros minerales críticos, y a reconfigurar el mapa de competencias entre Nación y provincias.
En este contexto, el IANIGLA, organismo técnico responsable del Inventario Nacional de Glaciares, publicó un extenso comunicado con datos que resultan clave para dimensionar lo que está en juego.
LA REALIDAD LOCAL
Según el Inventario, la región sur de Mendoza concentra el 20,9% del total de glaciares de la provincia, con 258,8 kilómetros cuadrados de hielo distribuidos en 1.345 cuerpos.
Solo las cuencas de los ríos Atuel y Diamante reúnen 188 kilómetros cuadrados de superficie englazada, fundamentales para el abastecimiento de agua en una provincia estructuralmente árida y fuertemente dependiente del deshielo para sostener su producción agrícola, su matriz energética y el consumo humano.
A nivel provincial, Mendoza cuenta con 1.239 kilómetros cuadrados de hielo distribuidos en 4.174 glaciares, lo que la convierte en la segunda provincia con mayor superficie glaciar de la Argentina, solo detrás de Santa Cruz.
Dentro de ese esquema, la cuenca del río Diamante suma 458 glaciares y una superficie total de 4.222 kilómetros cuadrados, de los cuales 72,58 kilómetros cuadrados están cubiertos por glaciares.
La cuenca del Atuel registra una extensión de 3.979 kilómetros cuadrados, donde se inventariaron 389 geoformas que cubren una superficie englazada de 115,51 kilómetros cuadrados.
Detrás de cada uno de estos números hay una conclusión evidente: el sur de Mendoza es un reservorio estratégico de agua sólida que, al transformarse en escorrentía, alimenta ríos, represas, sistemas de riego y, en definitiva, la vida cotidiana y económica de la región.
POSIBLES MODIFICACIONES
Con una posible modificación de la Ley de Glaciares sobre la mesa, muchos especialistas temen que se habilite un escenario en el que las urgencias del extractivismo se impongan sobre la necesidad de cuidar estas reservas de agua a largo plazo.
La preocupación central es que la flexibilización de las áreas protegidas termine comprometiendo no solo ecosistemas de alta montaña, sino también el futuro de las poblaciones que dependen del agua de deshielo en un contexto de crisis hídrica y cambio climático.
En una provincia donde cada gota cuenta, los datos del Inventario Nacional de Glaciares y el rol del sur mendocino como gran reserva hídrica se vuelven insumos indispensables para un debate que excede lo jurídico y lo económico.
