El diputado provincial Edgardo Civit Evans presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza para que todas las personas que tramiten la obtención, renovación o ampliación de la Licencia Nacional de Conducir deban acreditar una capacitación en igualdad y prevención de las violencias por motivos de género, conforme a los lineamientos de la Ley Micaela.
La propuesta modifica la Ley Provincial 9.024 e incorpora un nuevo artículo que establece este requisito como parte del trámite habitual para acceder al carnet de conducir.
Además, dispone que la capacitación sea gratuita y pueda realizarse de forma presencial, virtual o mixta. También prevé que la licencia lleve una leyenda que certifique el cumplimiento de la capacitación.
En diálogo con el Post, Civit Evans explicó que la iniciativa nace de la necesidad de ampliar el alcance de una política pública que, según sostuvo, hoy llega a un universo limitado de personas.
«La violencia por motivos de género continúa siendo una de las problemáticas más graves de nuestra sociedad. Si bien la Ley Micaela representa una herramienta fundamental para la prevención y el cambio cultural, fuera de los ámbitos donde la capacitación es obligatoria su alcance sigue siendo muy limitado», afirmó.
El legislador aclaró que la propuesta no busca establecer una relación entre la conducción de vehículos y la violencia de género, sino aprovechar un trámite masivo y periódico para extender la formación a un mayor número de ciudadanos.
«Elegimos la licencia de conducir porque se trata de un trámite administrativo ordinario, periódico y universal, que realizan millones de personas. Utilizar ese momento permite que la capacitación llegue efectivamente a la población, sin crear nuevos trámites, sin generar costos adicionales para el Estado ni para los ciudadanos», señaló.
En los fundamentos del proyecto se remarca que la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las principales problemáticas del país y que las políticas de prevención deben fortalecerse mediante acciones de educación y sensibilización. También sostiene que la experiencia de la Ley Micaela demuestra que, fuera de los ámbitos donde su cumplimiento es obligatorio, la participación ciudadana resulta reducida.
Cómo se implementaría
Según explicó el autor de la iniciativa, Mendoza ya cuenta con la estructura necesaria para llevar adelante la medida, ya que adhirió a la Ley Micaela mediante la Ley Provincial 9.196.
En ese sentido, el proyecto establece que los municipios, responsables de emitir las licencias de conducir, también serán la autoridad de aplicación para organizar la capacitación, certificar su realización y controlar su cumplimiento.
«La implementación es perfectamente viable porque Mendoza ya cuenta con organismos, personal capacitado y recursos para desarrollar estas capacitaciones. La idea es que el ciudadano pueda cumplir con el requisito de manera sencilla, gratuita y accesible», sostuvo Civit Evans.
Además, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley junto con los municipios dentro de los 120 días posteriores a su eventual promulgación.
La puerta abierta a nuevos contenidos
Consultado sobre la posibilidad de incorporar otras capacitaciones vinculadas al trámite de la licencia, como primeros auxilios o conducción ante emergencias, el legislador consideró que la normativa puede seguir evolucionando.
«La legislación siempre puede perfeccionarse. En materia de licencias de conducir es razonable analizar, en el futuro, la incorporación de nuevos contenidos vinculados a la seguridad vial, como primeros auxilios, actuación ante emergencias o conducción preventiva», expresó.
Sin embargo, aclaró que cada incorporación debe responder a una necesidad concreta y generar un beneficio social comprobable.
«Entendimos que la violencia de género constituye una problemática de enorme gravedad y que el Estado debe utilizar todas las herramientas institucionales disponibles para fortalecer su prevención. El proyecto no pretende sobrecargar el trámite de la licencia, sino aprovechar una instancia que ya existe para que una política pública considerada esencial alcance efectivamente a la mayor cantidad posible de ciudadanos», concluyó.
Fuente: Mendoza Post.
