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martes 23, de abril , 2024

Los mendocinos con estas terminaciones de DNI podrán ser jurados en juicios populares

El Poder Judicial realizó el sorteo anual de jurados para saber quiénes serán las personas que podrán actuar en un juicio por jurado durante el 2023. En esta ocasión se duplicó la cantidad de personas que integran la lista para el año que viene, ya que, a través de una ley sancionada en 2022, se amplió la cantidad de delitos que tendrán a la ciudadanía de Mendoza como juez de los hechos.

Los números sorteados fueron: 317, 755, 423, 998, 858, 852, 865, 260, 919, lo que permitió armar una lista preliminar de jurados para el 2023 de 10.888 personas. Esto significa que cualquier ciudadano de Mendoza cuya terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) sea alguna de las sorteadas y tenga más de 18 años, puede ser seleccionado para integrar un jurado popular en un juicio penal.

“La primera prueba de imparcialidad es el sorteo, que se hace tomando como base el Padrón Electoral. Con esta primera selección estamos diciendo quienes pueden ser los potenciales jurados. Se eligen de forma aleatoria. Y esto es importante, porque es el primer eslabón de imparcialidad”, explicó el juez de la Corte, José Valerio.

Y detalló que “el segundo eslabón de imparcialidad es cuando se hace el segundo sorteo para cada uno de los juicios que se realiza. Si bien la ley establece que debe ser 48, a través de una acordada la Suprema Corte sumó 48 más, por lo que en total para cada juicio se sortean 96 personas. El tercer elemento de imparcialidad es cuando se realiza la audiencia de selección de jurado, donde las partes intervinientes (Fiscalía, Querella y Defensa) le hacen preguntas a los potenciales jurados y pueden recusar a aquellos que crean que pueden ser parciales. Y el último paso es un nuevo sorteo que se hace entre los que quedaron en la audiencia y no hayan sido excluidos o recusados. De ahí se toman los 12 titulares y los 4 suplentes que actuarán en el juicio”.

Desde el 2019 se realizan los juicios por jurado en la provincia. En total, pandemia de por medio, se han llevado a cabo ya 39 debates penales. Lo que significa que más de 600 personas ya fueron jurados en estos 4 años que lleva esta modalidad de enjuiciamiento.

De las 10.888 personas sorteadas, 7.037 son de la primera circunscripción judicial (3.585 mujeres y 3.452 hombres); 1.599 de la segunda circunscripción judicial (806 mujeres y 793 hombres); 1560 viven en la tercera circunscripción judicial (795 mujeres y 765 varones) y 692 pertenecen a la cuarta circunscripción judicial (364 mujeres y 328 hombres).

Cuando se sancionó la ley de Juicios por Jurados en Mendoza, esta modalidad de enjuiciamiento abarcaba solamente los delitos tipificado en el Artículo N°80 del Código Penal, es decir, todos aquellos homicidios cuya pena máxima podría ser prisión perpetua.

Durante el 2022, a través de una nueva ley, la Legislatura de Mendoza amplió la modalidad de juicios por jurados a otros delitos. Estos son los tipificados en los artículos N° 124, N° 165 y N° 79 del Código Penal.

Teniendo en cuenta esto es que se espera que durante 2023 se incrementen la cantidad de juicios por jurados populares en Mendoza, por lo que en este sorteo se tomó la precaución de duplicar la lista de personas que pueden ser seleccionadas para ser jurado.

Cuánto cobran

 Actualmente una persona que se desempeña como jurado cobra $3.500 diarios los que trabajan por cuenta propia, desocupados, estudiantes y jubilados. Mientras que los trabajadores en relación de dependencia, el pago es para el empleador si es que lo reclama. Esos montos serán actualizados a partir de enero.

En promedio, un juicio por jurado tiene una duración que ronda entre 3 y 4 días.

Requisitos para ser jurado

La función de jurado constituye una carga pública de los ciudadanos. Para a ser miembro de un jurado popular se deberán reunir las siguientes condiciones:

  • Ser argentino, nativo o naturalizado con no menos de 5 años de ciudadanía. Tener una residencia permanente no inferior a 4 años en el territorio provincial y de 2 años en el territorio de la jurisdicción del Tribunal Colegiado competente.
  • Tener entre 18 y 75 años de edad.
  • Comprender el idioma nacional, saber leer y escribir.
  • Contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos

Fuente: El Sol

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