La reacción de Sergio Ziliotto tras conocerse que Mendoza percibirá el 100% de las regalías hidroeléctricas vuelve a encender una disputa histórica. Para el Sur mendocino, que todavía carga con la frustración de Portezuelo del Viento, la discusión merece ser observada desde otro lugar: el derecho a defender los recursos que se generan en nuestro territorio.
La reacción del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue tan rápida como contundente. Después de que el Gobierno Nacional estableciera que Mendoza comenzará a percibir la totalidad de las regalías hidroeléctricas correspondientes al Sistema Los Nihuiles, el mandatario pampeano acusó a nuestra provincia de haberle “robado un río” y advirtió que no se quedarán “quietos”. La frase tiene impacto político, pero simplifica una discusión bastante más compleja.
El Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este viernes 11 de septiembre, dejó sin efecto el régimen vigente desde 1973 y determinó que las regalías generadas por Los Nihuiles deberán ser abonadas íntegramente a Mendoza. El fundamento es concreto: la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra enteramente dentro del territorio mendocino. La norma no resuelve la histórica controversia por las aguas del Atuel ni desconoce su carácter interprovincial. Lo que hace es separar aquella discusión de otra diferente: dónde se produce la energía y dónde está asentada la infraestructura que la genera.
Y cuando se baja esa discusión al territorio, aparece San Rafael.
Los Nihuiles no son una abstracción dibujada sobre un expediente administrativo. El sistema está montado sobre el río Atuel e incluye El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande, con centrales, presas y obras que forman parte de la geografía, la economía y la historia sanrafaelinas. Incluso los registros oficiales nacionales ubican a distintos componentes del complejo en el área de San Rafael y reconocen su importancia para la generación hidroeléctrica.
Por eso resulta difícil aceptar que cada vez que Mendoza avanza en la defensa de un recurso estratégico del Sur aparezca nuevamente la amenaza de judicializar, frenar o condicionar. La Pampa tiene derecho a defender sus intereses y a reclamar por aquello que considera propio. Nadie debería discutirlo. Pero Mendoza, San Rafael y el Sur mendocino tienen exactamente el mismo derecho.
Y tenemos memoria.
Portezuelo del Viento sigue siendo una herida abierta para esta región. La obra proyectada en Malargüe prometía una inversión transformadora para el Sur mendocino, pero quedó atrapada durante años en una disputa interprovincial en la que La Pampa fue uno de los principales actores opositores. En diciembre de 2022, el laudo del entonces presidente Alberto Fernández ratificó la exigencia de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral de toda la cuenca del río Colorado, reclamo sostenido por cuatro de las cinco provincias que integran el COIRCO. El proyecto nunca llegó a materializarse como había sido concebido.
Ese antecedente obliga al Sur a mirar con especial atención cualquier nuevo conflicto que amenace con convertir una decisión sobre recursos regionales en otra batalla interminable entre provincias.
La discusión tampoco debería confundirse. Defender que La Pampa reciba el agua que legítimamente le corresponda es una cosa. Pretender que esa condición otorgue automáticamente derechos económicos sobre una infraestructura hidroeléctrica ubicada íntegramente en Mendoza es otra. Precisamente esa diferenciación es la que realiza el nuevo decreto nacional.
Ahora bien, la noticia tampoco debería terminar con una celebración en Casa de Gobierno.
Si el argumento de Mendoza frente a La Pampa es que las regalías deben corresponder al territorio donde se encuentra la fuente hidroeléctrica, ese mismo principio obliga a mirar hacia San Rafael. Porque Los Nihuiles están acá. Porque el Atuel atraviesa nuestra historia productiva, turística y energética. Porque durante décadas el Sur ha reclamado mayor infraestructura, inversión y una distribución más federal de los recursos provinciales.
El gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que recibir la totalidad de las regalías significará más inversión, infraestructura y desarrollo para Mendoza. Será entonces responsabilidad de su Gobierno demostrar que esa afirmación también incluye a San Rafael y al Sur.
No tendría demasiado sentido ganar una discusión federal frente a La Pampa para después reproducir hacia adentro de Mendoza la misma concentración que se cuestiona hacia afuera.
Una parte sustancial de esos nuevos recursos debería regresar al territorio donde se generan. En obras, infraestructura, energía, caminos, desarrollo productivo y oportunidades concretas. No como una concesión política ni como un favor del Gobierno provincial, sino como una discusión legítima sobre federalismo interno.
San Rafael y el Sur mendocino ya han aprendido que las grandes oportunidades pueden perderse entre expedientes, tribunales, enfrentamientos políticos y disputas jurisdiccionales. Portezuelo del Viento es probablemente el ejemplo más doloroso.
Por eso, frente a la advertencia de Ziliotto de que La Pampa “no se quedará quieta”, Mendoza debe defender jurídicamente la decisión y San Rafael debe hacer lo propio con sus intereses.
Los Nihuiles están acá. La energía se genera acá. El impacto, la historia y buena parte del valor económico nacen acá.
Esta vez, San Rafael no puede quedar como convidado de piedra.
