La comunidad educativa de San Rafael atraviesa hoy viernes una jornada de incertidumbre tras una ola de amenazas y mensajes intimidatorios que circularon en diversos establecimientos. María José Sanz, delegada regional de la Dirección General de Escuelas (DGE), confirmó que, pese a la psicosis generada por noticias falsas y pintadas en los baños, el servicio educativo se presta con normalidad. En una entrevista exhaustiva, la funcionaria detalló la aplicación de protocolos de «situaciones emergentes», la coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia, y lanzó un fuerte llamado a los padres para retomar el control sobre el uso de dispositivos de los menores.
Desinformación y temor: el combo que afectó la presencialidad en las escuelas durante esta mañana
A pesar de que las escuelas permanecen abiertas, la circulación de placas oficiales falsificadas y el miedo de las familias impactaron en la asistencia de los alumnos. «Hoy hay clases normales y el servicio educativo se está prestando, pero hemos notado un descenso importante en la presencialidad. Esto obedece, en primer lugar, a una desinformación: alguien imitó una placa oficial de la DGE difundiendo que no había clases en toda la provincia. Rápidamente emitimos un comunicado anoche desmintiendo esto, pero queda ese combo de desinformación, cierto temor de los padres y, por supuesto, chicos que aprovechan la situación para no ir. Como adultos responsables del sistema, no podemos mirar para el costado; debemos actuar con firmeza aunque creamos que se trata solo de una viralización». En cuanto a la asistencia “hay escuelas en distritos donde ha alcanzado el 80%, mientras que en escuelas céntricas hay entre un 15 y 20 porciento de asistencia, ha sido muy variable”, expuso Sanz en diálogo con FM Vos 94.5.
Protocolos de emergencia y recolección de pruebas
La Dirección General de Escuelas ha activado lineamientos específicos para actuar ante amenazas de violencia manifiesta, coordinando tareas de forma directa con el Ministerio de Seguridad y Justicia para garantizar el orden institucional.
Un aspecto central de este procedimiento es la preservación de la prueba material. «Se indicó a directivos y celadores que nunca borren los escritos o las pintadas hasta tanto llegue la Policía Científica al establecimiento. Estamos realizando un trabajo muy coordinado, tomando pruebas y revisando cámaras de seguridad para captar cualquier movimiento sospechoso, aunque nos complica que estas amenazas aparezcan generalmente en los baños, donde por razones lógicas no pueden existir cámaras», explicó María José Sanz.
En cuanto a las medidas preventivas que generaron dudas en la comunidad, la delegada aclaró el alcance de las restricciones de pertenencias. «Se ha viralizado que nadie debe llevar mochila hoy, pero es necesario precisar que no es una medida generalizada para todos. El protocolo indica que, exclusivamente en aquellas escuelas donde se detectan estos avisos de violencia, los alumnos deben concurrir con sus útiles en la mano y evitar llevar bolsos o mochilas donde pudiesen transportar algún objeto peligroso», aclaró.
«Todo se realiza bajo un modo preventivo para velar por la seguridad de alumnos y docentes», destacó.
Sanciones: del código de convivencia al penal
La investigación ya está en manos del Ministerio Público Fiscal y las consecuencias para los responsables —y sus tutores— podrían ser severas. «Estamos trabajando en tres líneas: acompañamiento en salud mental, sanciones institucionales según los códigos de convivencia y la vía judicial. Si se determina que el responsable es mayor de 16 años, queda bajo la órbita del Código Penal por figuras como amenazas o intimidación pública», indicó la funcionaria.
«Si es menor de 16, entra en juego el Código de Contravenciones, donde sus padres o tutores deberán responder por ese menor, no solo con sanciones, sino posiblemente con multas económicas y trabajos comunitarios por el enorme gasto que este despliegue de seguridad le genera al Estado», añadió.
El rol fundamental de la familia en el «submundo» digital
Más allá de las herramientas que el Estado pueda disponer, el foco del conflicto se traslada al ámbito privado y a la necesidad de que los padres retomen un rol activo en la supervisión de la actividad digital de los menores.
Para la delegada, es vital que exista un involucramiento real y cotidiano en el hogar. «Los chicos pasan 5 horas en la escuela, pero están otras 19 en la casa. Debemos saber qué pasa con sus teléfonos cuando están cenando al lado nuestro. ¿Sabemos su clave de ingreso? ¿Sabemos en qué redes sociales interactúan? Es un error creer que las redes son solo Instagram o WhatsApp; existe todo un submundo de plataformas donde se mueven mensajes de desconocidos y donde nuestros hijos pueden estar en contacto con lo que no corresponde», advirtió en ese tramo de conversación.
En este sentido, la funcionaria hizo un llamado responsable a los progenitores. «Como mamá de un adolescente lo digo: aunque no entendamos cabalmente este cibermundo, tenemos que involucrarnos por su salud mental y física. Anoche, al teléfono de mi propio hijo le llegaban mensajes de personas no agendadas diciendo qué iban a hacer algo en tal escuela», relató.
«Los padres tenemos que colaborar con el sistema por el bienestar de nuestros hijos; no es por el Estado, es para protegerlos de peligros que pueden tener consecuencias para toda la vida», enfatizó.
«Por otra parte, el perjuicio a la educación y el costo económico de movilizar policías y fiscales lo pagamos todos los mendocinos por la ‘picardía’ de algunos», sentenció.
Establecimientos afectados y el costo del caos
Al menos siete escuelas de San Rafael reportaron mensajes intimidatorios en las últimas horas, lo que obligó a un despliegue masivo de recursos públicos.
«Ayer aparecieron mensajes en la Ebyma, que fue la primera, luego en la escuela Geary, Polivalente, Bianchi y Aguas del Diamante, entre otras. Todos los directivos actuaron correctamente dando los avisos. Más allá del perjuicio educativo por los días de clases perdidos, hay un gran perjuicio económico a la sociedad», planteó Sanz.
«Estamos disponiendo de muchos policías y fiscales investigando una situación que tal vez empezó como una broma. Los responsables tendrán que pagar, porque es un recurso que sale del bolsillo de todos los mendocinos y no tendríamos por qué gastarlo por alguien a quien se le ocurrió viralizar un mensaje de odio para sembrar el temor», cerró.
