La incertidumbre respecto a la puesta en marcha del sistema de mitigación de granizo en el Oasis Sur ha generado una profunda preocupación en las entidades productivas de San Rafael y General Alvear. A semanas de la fecha habitual de inicio de las operaciones de vuelo —prevista históricamente para los primeros días de octubre—, el sector agropecuario expone una total falta de precisiones por parte del Ministerio de la Producción de la provincia y de los municipios involucrados. A la escasez de insumos básicos como la pirotecnia y a los rumores sobre la posible venta de la flota de aviones, se suma la falta de pronunciamiento público sobre la disponibilidad de los radares y del personal especializado. Lo que si es un hecho es que los aviones que se utilizan para la siembra de yoduro de plata en las nubes no se encuentran en San Rafael, sino que fueron trasladados a Mendoza.
En diálogo con FM Vos 94.5, Mauricio Marín, presidente de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, pidió que el Ejecutivo provincial asuma la vocería del tema, ponga «la cara» ante la ciudadanía y evite deslindar responsabilidades en instituciones intermedias que carecen de la infraestructura operativa y de los recursos financieros para sostener la lucha.
Titularidad de los recursos, rumores de venta de aviones y la inacción gubernamental
La controversia escaló tras las declaraciones de las autoridades del gobierno provincial que sugirieron que la continuidad del operativo antitormenta debía ser encarada por los municipios y las cámaras empresariales. Desde el ámbito agrícola recordaron de forma categórica que los activos estratégicos para operar la lucha —los aviones, la red de radares meteorológicos y el personal técnico de radares— pertenecen exclusivamente al Estado provincial, haciendo inviable cualquier alternativa privada o municipal independiente sin una delegación formal y articulada de dicha infraestructura. «La pregunta durante la entrevista de ayer al ministro Natalio Mema fue muy oportuna porque en ese momento se hablaba del impacto de ‘El Niño’ y de lo virulentas que pueden ser las tormentas esta temporada. La respuesta oficial fue desacertada: sugerir que las cámaras y los municipios deben encarar la lucha antigranizo ignora que las entidades intermedias no tomamos decisiones ni manejamos esos fondos. Para eso está el Estado«, dijo de forma determinante Mauricio Marín al comienzo del reportaje.
«Ninguno de los otros actores es propietario de los aviones, no pueden comprar la pirotecnia, no tienen los radares ni el personal especializado en la operación de radares. Todo eso es un recurso que aporta la provincia. Si no hay un apoyo de la provincia delegando esos recursos a alguien —llámese los municipios o quien sea— o si la propia provincia no toma la decisión, es imposible llevarla a cabo. No es una decisión que esté a cargo de alguien ajeno al gobierno», fundamentó.
«Escuchamos versiones de que los aviones estarían en venta, aunque no lo podemos confirmar oficialmente porque no nos llegó de forma directa. Si los recursos fundamentales para la lucha están en manos de la provincia, la decisión la tiene que tomar el gobierno. Si camina como una vaca y hace ‘mu’, es una vaca; con esto pasa exactamente lo mismo«, graficó.
Exigencia de comunicación clara
A la falta de definiciones del Ejecutivo mendocino se le suma el silencio de los gobiernos municipales de la región, así como la demora en las rendiciones de cuentas de la temporada anterior. Mientras San Rafael ejecutó fondos y aguarda el reembolso acordado por parte de la comuna de General Alvear, las entidades agropecuarias remarcan que el «destrato» informativo afecta al conjunto de la economía regional y no únicamente al sector primario. «Cada vez que se les hace la consulta patean la pelota para otro lado y realmente no responden. Si ya es una decisión tomada, como ellos mismos nos expresan informalmente —y recordando que en las últimas dos temporadas también se decía que no se iba a hacer y se hizo—, creo que lo importante es dar la cara y decirlo», manifestó Marín.
«Dentro de estas fallas en la comunicación es muy sencillo decir: ‘Miren, ciudadanos del Sur de Mendoza, del Oasis Sur, de los dos ríos: este año no va a haber temporada porque no tenemos pirotecnia, no tenemos aviones, no tenemos el personal disponible y no tenemos los radares para ustedes’. Después las diferencias se podrán arreglar, pero si no tenemos lo básico no podemos avanzar con nada», enfatizó.
«Es un tema que nos atraviesa a todos los habitantes del sur, sin importar a qué nos dediquemos. El destrato que estamos sufriendo por parte de todas autoridades es muy preocupante. Quien debe dar un paso adelante o un paso atrás es el Ministerio de la Producción, porque ellos manejan los recursos sin los cuales no se puede hacer nada», siguió afirmando.
«Le preguntamos a la Municipalidad de San Rafael, que realizó el pago y ejecutó la operatoria de mano propia, pero todavía no tenemos la respuesta sobre cómo fue esa ejecución. Estamos esperando la rendición de cuentas; sé que están trabajando en el tema, pero se han tomado su tiempo», añadió.
Relación costo-beneficio e impacto en la economía regional
En términos presupuestarios, desde la Específica de Agricultura de la Cámara estiman que el costo para poner en funcionamiento el operativo oscilaría entre los 4.000 y 4.500 millones de pesos, una cifra que, comparada con el volumen general del presupuesto provincial, resulta moderada frente a las pérdidas catastróficas que genera la caída de granizo en la infraestructura urbana, el turismo y los cultivos. «Es preocupante porque hay que saber de cuánta plata estamos hablando en los presupuestos provincial y municipal. Si el Fondo Compensador Agrícola significó 14.000 millones de pesos, calculo —a falta de información oficial— que el costo de la lucha antigranizo ronda entre los 4.000 y 4.500 millones de pesos por sobre los recursos de la provincia», analizó el titular de la Específica de Agricultura.
«Tampoco estamos hablando de una cifra desmedida dentro de un presupuesto general si se la compara con el beneficio que genera. Evitar siniestros significa no sufrir destrozos urbanos, impedir que el turismo se vaya para no volver y proteger la producción que se pierde. Todo eso representa dinero que la provincia termina perdiendo», argumentó.
«La decisión no es solamente mantener una lucha o una filosofía, sino atender a la ciudadanía y a toda la estructura económica que se ha generado en el Sur. Si hay que discutir, discernir o sentarnos en una mesa a elaborar estrategias, siempre somos materia dispuesta. Lo venimos demostrando, pero no podemos seguir esperando: estamos a una altura del año sin provisión de pirotecnia cuando antes algo se tenía. Hay que tomar el toro por las astas», dijo al cierre de la charla.
