Históricamente, octubre señalaba la fecha límite en la que la lucha antigranizo por aviones debía estar plenamente operativa. Este año, la urgencia de contar con esa cobertura resulta aún más apremiante ante la advertencia de los especialistas sobre la consolidación del fenómeno del Súper Niño, una variable climática que augura una frecuencia e intensidad inédita de celdas graniceras sobre los oasis cultivados.
Sin embargo, el panorama operativo dista de ofrecer la previsibilidad que demanda el sector productivo. Tras la decisión del Gobierno provincial de desentenderse del financiamiento y la gestión directa del sistema, los municipios de San Rafael y General Alvear debieron asumir un esquema de emergencia para no dejar desprotegida a la región. Esa ingeniería financiera local no tardó en mostrar fisuras: los reclamos formales del Ejecutivo sanrafaelino a la comuna vecina por un presunto incumplimiento en el envío de las partidas correspondientes expusieron la fragilidad de un acuerdo sostenido con recursos municipales acotados.
A este escenario de conflicto entre comunas se suma la postura del Ejecutivo provincial, que manifiesta su intención de vender las aeronaves que actualmente “cede” al sur para el operativo. La amenaza de enajenación del equipamiento básico siembra aún más dudas sobre la sustentabilidad de la lucha aérea en el mediano plazo.
Entre cruces por falta de pago, la incertidumbre sobre la disponibilidad de los aviones y el retiro del Estado provincial de una función estratégica, el tiempo transcurre. Las tormentas se acercan a los oasis productivos y, a pocas semanas de la fecha crítica, el sur provincial suma demasiadas incógnitas donde debería haber certezas.
La coyuntura no admite más dilaciones: la situación exige acciones concretas y rápidas por parte de las autoridades competentes para evitar que la contingencia climática vuelva a golpear a un ya muy lesionado sector productivo primario.
