La Ley de Glaciares, una de las normas ambientales más emblemáticas de Argentina, se encuentra en el centro de una disputa por el avasallamiento del gobierno de Javier Milei, que enfrenta la protección del recurso hídrico tan valuado en todo el mundo con el avance de la minería. Para Mario Vadillo, referente del Partido Verde, el proyecto de reforma que circula en el Congreso Nacional no es una simple actualización técnica, sino un retroceso estratégico que pone en jaque la supervivencia de todas las reservas argentinas.
El foco de la alarma reside en el concepto de «ambiente periglacial». Vadillo explica que estas zonas, aunque no presentan las estructuras clásicas de un glaciar de lengua, albergan hielos permanentes que cumplen una función vital. «En Mendoza, el agua solo fluye por precipitaciones níveas y deshielo; atacar estas masas de hielo es atacar nuestras reservas estratégicas. La reforma plantea que solo se protegerá el ambiente periglacial si sirve para consumo poblacional o agricultura, dejando fuera ecosistemas enteros sólo porque no tienen una ciudad cerca», advirtió de entrada.
«Se ha creado un criterio a medida: la provincia podrá decir qué ambiente sirve y cuál no, y allí es donde aparece el interés minero. Las empresas no solo buscan metales; necesitan el agua de esa zona para la lixiviación, y en alta montaña no hay arroyos, solamente hay glaciares», añadió.
El desplazamiento del IANIGLA
Hasta ahora, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) era la autoridad científica indiscutida para determinar qué zonas integrar al inventario de protección. Sin embargo, Vadillo denunció que el nuevo texto otorga un poder administrativo inédito a las provincias para cuestionar o ignorar la evidencia científica. «Lo que abre es un juego nuevo para que las autoridades provinciales determinen por vía administrativa qué cumple con la norma y qué no. Antes, el IANIGLA decidía bajo criterios científicos. Ahora, la ley permite que la provincia avance con un proyecto minero incluso si el instituto no ha terminado de inventariar la zona o si tiene una opinión distinta», planteó el presidente del Partido Verde en FM Vos 94.5.
Para Vadillo, esto rompe el equilibrio legal. «Esta reforma pretende anular el trabajo científico del IANIGLA mediante un simple decreto administrativo de un Ministerio de Energía local. Se está invirtiendo el principio precautorio: ahora el glaciar tendrá que demostrar ante la Justicia que es un recurso hídrico vital mientras la minera ya está operando y destruyendo el entorno. Es un escenario de judicialización masiva con un daño ambiental irreversible. No se puede hacer minería a costa de destruir el ambiente», aseveró.
¿Es posible desarrollar una actividad minera sin contaminar?
Frente al argumento de que es posible desarrollar la minería con controles estrictos sin afectar el agua, Vadillo se mostró escéptico cuando la actividad se pretende realizar dentro del ecosistema protector. «Nadie dice que la minería no deba desarrollarse, pero no puede ser a costa de destruir el recurso estratégico. Si rompés una zona periglacial con excavaciones, eso no se vuelve a constituir; una vez destruido, no vuelve más», enfatizó.
El dirigente señaló que la insistencia en reformar la ley responde a una conveniencia logística de las megamineras. «Es más fácil trabajar donde podés sacar el agua directamente del hielo que tenés al lado. La explotación requiere miles de toneladas de agua y a ellos no les importa si destruyen una masa de hielo milenaria. Por eso tenemos que proteger lo que es intocable», manifestó.
«El debate no debe ser ‘minería sí o minería no’, sino entender que hay lugares donde simplemente no se puede intervenir. Debemos decidir con responsabilidad qué áreas proteger, porque los glaciares son la base hídrica de Mendoza y su supervivencia no puede quedar sujeta a la discrecionalidad o la voluntad política de un funcionario de turno», destacó.
Sobre el final de la entrevista, Vadillo alertó que Mendoza es un desierto cuya única caja de ahorro es el hielo de la cordillera. «Romper el candado de esa caja por un negocio temporal es una irresponsabilidad que pagaremos por generaciones», sentenció.
