El relevamiento fue elaborado por el colectivo Ni Una Menos ante la falta de estadísticas oficiales. Desde la organización advirtieron sobre el desfinanciamiento de políticas de prevención y reclamaron fortalecer los dispositivos de asistencia y protección para mujeres en situación de violencia.
Un relevamiento realizado por el colectivo Ni Una Menos reveló que más de 80 mujeres fueron víctimas de femicidio en Mendoza desde 2015, año en que se produjo la primera gran movilización nacional bajo esa consigna. El trabajo, que comenzó a elaborarse el año pasado y continuará ampliándose, busca sistematizar información sobre los casos ocurridos en la provincia ante la ausencia de estadísticas públicas oficiales.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, Cecilia Soria, integrante de Ni Una Menos, explicó que la iniciativa surgió a partir de los diez años del movimiento y de la necesidad de construir un registro propio.
«Decidimos hacer este trabajo que corresponde al Estado, pero que no ha sido resuelto porque todavía no hay estadísticas públicas al respecto», afirmó. La referente señaló que una de las principales dificultades fue reconstruir los casos más antiguos, especialmente los de 2015, cuando muchos hechos no eran identificados social ni mediáticamente como femicidios.
«Logramos que las cosas se llamen por su nombre y que los femicidios se visibilicen en la agenda pública», sostuvo. Soria cuestionó además los discursos que buscan desacreditar al movimiento feminista argumentando que las movilizaciones no lograron reducir la violencia contra las mujeres.
«Se intenta instalar que las organizaciones de mujeres no sirvieron para nada, pero antes de 2015 ni siquiera podíamos encontrar los casos bajo la categoría de femicidio», remarcó. Durante la entrevista, la dirigente advirtió que el contexto actual combina la negación de la violencia de género con un recorte de políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia.
«Todo este discurso que niega la violencia de género viene acompañado de un ajuste que afecta principalmente a las mujeres y diversidades», expresó. Entre los puntos señalados, mencionó la eliminación del Programa Acompañar, que brindaba asistencia económica temporal a mujeres sin ingresos que atravesaban situaciones de violencia, y la reducción de recursos en dispositivos de atención.
También cuestionó la situación de la línea 144 y el cierre de refugios que funcionaban con financiamiento estatal.
«Si una mujer logra animarse a denunciar y llama al 144, pero no hay quien la atienda, estamos hablando de situaciones donde puede estar en riesgo su vida», advirtió. Soria recordó además casos de mujeres que habían realizado denuncias previas contra sus agresores y que posteriormente fueron asesinadas, y sostuvo que esas situaciones reflejan fallas estructurales en los mecanismos de protección.
«Muchas de las mujeres asesinadas habían denunciado previamente a sus agresores», indicó. La integrante de Ni Una Menos planteó que la problemática no puede reducirse a responsabilidades individuales, sino que responde a desigualdades históricas y a la necesidad de transformar prácticas institucionales y sociales.
En ese sentido, reclamó una implementación más amplia y efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos y cuestionó la falta de instancias profundas de formación para agentes estatales. «La Educación Sexual Integral tiene que llegar a todos los niveles educativos y de manera transversal», afirmó.
Finalmente, adelantó que el relevamiento continuará incorporando nuevos datos sobre las condiciones en que ocurrieron los femicidios, las denuncias previas y el tratamiento institucional y mediático de los casos. «Queremos profundizar este relevamiento para contar con más información que permita dimensionar esta problemática en Mendoza», concluyó.
