Con la promulgación de la Ley Provincial N.º 9.729, la provincia de Mendoza puso en marcha una profunda actualización de su marco normativo en materia de deportes y recreación. Entre las modificaciones más sustanciales que introduce la nueva norma destaca la exigencia obligatoria de presentar certificados de antecedentes penales —con foco prioritario en la protección de la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes— a toda persona que trabaje directa o indirectamente con menores en instituciones deportivas. En paralelo, la legislación crea el Registro Único Deportivo de Mendoza (RUD) para otorgar cobertura a profesionales y auxiliares que antes quedaban excluidos de las licencias especiales, al tiempo que reestructura el Consejo Provincial del Deporte reduciendo sus miembros y regionalizando su labor. En diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael, el senador provincial y promotor de la iniciativa, Eduardo Martín (UCR), detalló el alcance de las reformas, explicó los mecanismos de fiscalización y destacó el trabajo conjunto realizado con clubes, federaciones y familias.
Protección a la infancia: obligatoriedad del certificado de antecedentes penales
Martín remarcó que el eje central de la reforma nació de la preocupación directa de padres y dirigentes de clubes ante la existencia de personas con condenas por delitos contra la integridad sexual que continuaban dirigiendo o entrenando a menores en distintas instituciones. «Convocamos a distintos actores del deporte —clubes, federaciones, asociaciones y padres— y, gracias al aporte de ellos, modificamos la ley con el foco puesto en la protección de la integridad sexual. Desgraciadamente hemos visto personas con antecedentes negativos o condenas por casos de esta índole que continuaron dirigiendo en otros clubes, generando que las víctimas vuelvan a encontrarse con ellos en momentos sumamente sensibles para las familias», declaró. «A partir de las inquietudes planteadas por las familias, llevamos adelante la modificación de la ley para exigir certificados de antecedentes penales enfocados especialmente en la protección de la integridad sexual», destacó. «Ante un proceso judicial en marcha donde la persona aún no tenga condena, vamos a estar atentos a la Justicia y alertando a las instituciones para que estén al tanto, de manera que se espere o se prolongue la contratación. No podemos poner al frente de niños y adolescentes a alguien en una situación de riesgo tan delicada», agregó.
Creación del Registro Único Deportivo (RUD) y fin del documento anterior
Otro de los avances destacados por el senador provincial es la creación del Registro Único Deportivo (RUD), un sistema digital que reemplaza al antiguo Documento de Identidad del Deportista (DID). Según explicó Martín, el DID presentaba serias limitaciones estructurales debido a que era administrado por la Confederación Mendocina de Deportes (COMEDE), entidad que no nucleaba a la totalidad de las federaciones y asociaciones. «Eliminamos el DID porque verdaderamente era administrado por la COMEDE y no nucleaba a todas las federaciones ni asociaciones, por lo que resultaba un documento sin alcance real para muchas personas del ámbito deportivo», aseguró.«El RUD va a incluir a kinesiólogos, preparadores físicos, deportistas, médicos deportólogos, jueces y árbitros, que son precisamente quienes enfrentan mayores dificultades a la hora de solicitar una licencia deportiva especial. Al tener otros trabajos además de la disciplina deportiva, se les dificultaba viajar; ahora, mediante la plataforma Mendoza por Mí, obtendrán un código y una credencial personal que los acredita formalmente dentro del registro», resaltó.
Reestructuración y regionalización del Consejo Provincial del Deporte
Al analizar el funcionamiento de los organismos de concertación, Martín expuso una severa autocrítica sobre el esquema previo: el Consejo Provincial del Deporte y Recreación, en su formato original de más de 45 miembros, nunca llegó a reunirse bajo ninguna gestión de gobierno. Para convertirlo en un órgano operativo, la nueva ley redujo su composición visiblemente. «El Consejo Provincial del Deporte nunca se reunió en todo el tiempo que estuvo vigente. No es culpa de un gobierno en particular, sino que resultaba muy dificultoso para el área de Deportes convocar a más de 45 personas, muchas de las cuales no eran indispensables para la mesa de debate», afirmó.«Con la modificación logramos acotar el consejo a 20 personas que verdaderamente tengan injerencia e interés en hacer aportes al deporte mendocino. Establecimos que se reúnan cada seis meses e incluimos a las universidades públicas y privadas que dictan Educación Física, así como a los municipios, especificando que debe asistir el director de Deportes y no un asesor externo», enfatizó.«Al regionalizar las convocatorias por distritos electorales y de la DGE, nos podemos enfocar en la problemática específica de cada zona. La realidad del deporte en San Rafael o Malargüe no es la misma que en el Gran Mendoza o el Valle de Uco; en el interior enfrentamos serios problemas con los costos de transporte para competir, las distancias y la infraestructura, y esta modalidad permite abordar cada tema de forma productiva», señaló.
Sanciones y proceso de reglamentación
En el tramo final de la entrevista, el legislador aclaró que la Subsecretaría de Deportes provincial se encuentra trabajando en la elaboración de la reglamentación de la ley. Ese marco operativo fijará el régimen de sanciones y apercibimientos disciplinarios aplicables a los clubes, federaciones, asociaciones y dirigentes que incumplan las disposiciones del RUD. «Respecto a quienes no respeten la ley, la norma contempla sanciones y establece un órgano contralor para garantizar su cumplimiento. Una vez promulgada la ley, la Subsecretaría de Deportes se encarga de la reglamentación para definir el régimen de sanciones que se aplicará en cada caso a los clubes, asociaciones, federaciones o dirigentes que incumplan la normativa», cerró.
