Una resolución del Departamento General de Irrigación (DGI) ha generado polémica en los productores agropecuarios mendocinos, pues liga la oferta de agua a la demanda en virtud de la cantidad de tierras cultivadas. Al respecto, opinó a través de FM Vos (94.5) y Diario San Rafael el senador justicialista Mauricio Sat, quien se hizo eco de la problemática por considerar que no es el momento indicado para trabajar una resolución de estas características.
La Resolución 408 fue aprobada por Irrigación el 24 de junio y se refiere a un nuevo plan de gestión de distribución del agua en Mendoza. Desde el DGI sostienen la medida, indicando que lo que busca es lograr un mejor aprovechamiento del recurso hídrico, actualizando los padrones y revisando los permisos provisorios y precarios que se han otorgado con anterioridad. Con este instrumento, será el organismo el que determine cuál es el volumen de agua que debe recibir cada regante, además de hacer cumplir la revocación de los permisos cuando el regante adeude más de tres cuotas de sus obligaciones tributarias.
El senador Sat expresó que si bien “la resolución tiene algunos puntos positivos, como la reutilización y reubicación de pozos para ponerlos en funcionamiento y destinarlos a los canales de riego, la posibilidad de hacer reuso de aguas, lo cierto es que Irrigación en ningún momento dice cómo desarrollaría estos puntos que consideramos positivos”. “Por otro lado, vemos los puntos que la resolución contiene referidos al productor, son exactos, precisos e incluso tienen fechas de vencimiento y perjuicio en caso de que no se cumplan; o sea, Irrigación en esto se ha mirado el ombligo, no se hace parte del problema porque no habla de un plan integral de cosas que van a hacer en conjunto, sino que están empezando por el eslabón más débil, que es el productor, es decir, de atrás para adelante”, señaló y ejemplificó que hay casos en que un productor que posee diez hectáreas, cultiva tres porque la cantidad de agua que recibe le alcanza para eso. “Es una locura hacer esto para el productor que intenta seguir trabajando; consideramos que esta resolución es totalmente inoportuna porque estamos teniendo muchas dificultades para comunicarnos y muchos productores nos están llamando desesperadamente para que tratemos de frenar esta situación; y además, es inoportuna porque es imposible generar consensos y porque estamos en el marco de una emergencia económica y sanitaria. Hay que preguntarse: ‘¿el productor no paga porque no quiere o porque no puede? Y realmente es porque no puede”, aseguró.
