La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a la Cámara Federal de Casación que ratifique su sobreseimiento en la causa por la firma del Memorándum con Irán y también el cierre del caso, en base a la desestimación por «inexistencia manifiesta de delito» de la denuncia que lo originó, presentada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
«Corresponde estar a la desestimación de la denuncia que dio origen a la causa N° 777/2015 por inexistencia manifiesta de delito», sostuvieron en su escrito los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el escrito al que tuvo acceso Télam.
Ante ello debería declararse la nulidad de todo lo hecho después, según se explicó en el escrito, donde se volvió a denunciar el «lawfare» durante el gobierno de Mauricio Macri y los «múltiples procesos penales promovidos» contra la expresidenta en ese «contexto institucional» que dio pie al «forum shopping».
Los defensores recordaron que «a partir del 10 de diciembre del año 2015, tras el cambio de autoridades en el Gobierno nacional, comenzaron a desarrollarse una serie de episodios muy graves en términos institucionales que, objetivamente, importaron una severa afectación del recto servicio de administración de justicia».
En base a ello analizaron lo ocurrido en la investigación por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.
«A través de sorteos sospechosos y directas maniobras de fórum shopping pasaron a convertirse en jueces de atracción de cualquier causa que llevara el apellido Kirchner», se agregó en relación al fallecido juez de la causa Memorándum Claudio Bonadio y los camaristas de Casación que la reabrieron, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, entre otros.
«Resulta imprescindible que las prácticas escandalosas que aquí han sido denunciadas (encuentros de magistrados con el Presidente de la Nación cuando al propio tiempo intervienen en causas en las que el gobierno explicita su interés) tengan como consecuencia inevitable una sanción procesal que determine la invalidez de todo lo actuado por tales jueces», advirtieron.
La defensa de la vicepresidenta consideró que «se trata nada más ni nada menos que de asegurar un sistema de enjuiciamiento lo más sano posible, que le devuelva a la justicia la credibilidad que, lamentablemente, desde hace tantos años ha perdido».
El escrito fue entregado poco antes del inicio de la audiencia oral ante Casación, en la cual el fiscal ante el máximo tribunal penal federal del país Javier De Luca reiteró que hay «inexistencia de delito».
Pese a que desistió de mantener la apelación contra el cierre presentada por la fiscalía de la instancia anterior, De Luca solicitó la palabra para insistir en que el caso debe cerrarse porque «no hay delito y esto está desde el primer día a la vista».
A la hora de hablar sobre los jueces de Casación que reabrieron la investigación cerrada en primera instancia por el juez federal Daniel Rafecas, De Luca sostuvo que deja «librado al autoexamen de conciencia de los intervinientes y a su correspondiente juicio de valor ético lo que han generado en las partes de este proceso los magistrados aludidos».
El fiscal aludió así al «tema de los jueces y reuniones» con el entonces presidente Mauricio Macri, en alusión a los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que poco antes había sido recordado por distintos defensores en sus exposiciones.
Sobre la causa penal por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, De Luca sostuvo que «cualquier causa penal solamente se puede comenzar si el hecho denunciado considerado hipotéticamente, es delito».
«Esto es lo que aquí no ha ocurrido, desde el primer día y lo vengo diciendo desde 2015», cuando desestimó por primera vez la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, recordó.
«Esta obligación de tratar una falta de acción cuando los hechos denunciados no son delictivos era obligatoria para los jueces y también para los fiscales. Porque realmente todo lo que pasó en 7 años a mi modo de ver no ha cambiado la situación», dijo.
De Luca postuló que la resolución que cerró la causa con sobreseimientos y sin juicio oral «debe ser confirmada» en base a la desestimación de la denuncia de Nisman.
Tras esta segunda audiencia, que se sumó a la concretada el 8 de noviembre pasado cuando se escuchó a las querellas, los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa quedaron en condiciones de tomar una decisión, para lo cual tienen 20 días hábiles.
En la última de las audiencias convocadas, los magistrados escucharon además a defensores que pidieron exponer de manera oral y a un «amicus curie», el «Llamamiento Argentino Judío».
La abogada del ministro de Desarrollo Social bonaerense Andrés Larroque, Lucila Larrandart, ratificó el planteo para que se rechacen las apelaciones de las querellas y se confirmen los sobreseimientos.
La defensora sostuvo que debe ratificarse la decisión que «de manera unánime» tomó el Tribunal Oral al resolver que la firma del Memorándum «no constituyó delito».
En la instrucción suplementaria durante la preparación del juicio «se incorporó prueba nueva» que fue «determinante» para demostrar que las alertas rojas de orden de captura de Interpol para ciudadanos iraníes buscados por el atentado a la AMIA «estuvieron siempre vigentes».
Luego fue el turno de Graciana Peñafort, quien fue defensora en la causa del fallecido excanciller Héctor Timerman.
La abogada reclamó que las querellas «vencidas» en la causa paguen las costas (gastos) de todo el proceso, algo que no dispuso el TOF8 cuando cerró la causa
«Estamos frente a una aplicación errónea de la Ley», dijo Peñafort y consideró que por la «naturaleza del padecimiento de los imputados corresponde que la parte vencida se haga cargo de las costas», en alusión a las querellas de la DAIA y familiares de víctimas que pidieron a Casación revocar el fallo y que se ordene seguir la preparación del juicio oral.
En la audiencia expuso además el abogado Adrián Albor, por la defensa de otro de los imputados, Luis D’Elía, y también reclamó confirmar los sobreseimientos.
En la primera audiencia ante Casación las querellas pidieron revocar los sobreseimientos y ordenar que se haga el juicio oral.
