La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción, por unanimidad, a una modificación del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario que introduce un cambio sustancial en el tratamiento de los trámites presentados por los ciudadanos ante la administración pública. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue modificada en Diputados y regresó a la Cámara Alta para su sanción definitiva. “Este martes va a tener sanción la ley”, confirmó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 el diputado Franco Ambrosini (UCR), presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
La reforma incorpora la figura de la “denegatoria tácita” y establece un nuevo esquema de responsabilidades dentro del aparato estatal. Hasta ahora, cuando un ciudadano presentaba un trámite que no era resuelto por el Estado, la responsabilidad por la demora recaía en el propio Estado como institución. A partir de esta ley, en cambio, la responsabilidad recaerá directamente sobre el funcionario a cargo del expediente.
“Está pensado en el ciudadano, para que puedan entender cuál es el fin de este proyecto”, explicó Ambrosini. “Cuando uno presenta algún trámite en la administración pública de Mendoza, puede demorarse, y esa demora representa una inquietud o un problema sin respuesta. Esto se va a resolver mediante una denegatoria tácita: si la administración no actúa, quien va a tener que resolverlo es la Corte”.
De esta manera, si un trámite no es atendido en los plazos razonables, se considerará tácitamente rechazado y podrá ser elevado a la Corte o al Tribunal Administrativo. En ese caso, si la Justicia determina responsabilidades, ya no será el Estado quien las asuma: “Van a ser los funcionarios los responsables de afrontar las consecuencias que determine la Corte”, aseguró el legislador.
La iniciativa busca poner un freno a una práctica extendida en la gestión pública: el letargo administrativo y la falta de respuestas concretas a los requerimientos de los ciudadanos. Ambrosini fue claro al respecto: “Cuando uno está en el servicio público y no responde por sus acciones, eso tiene consecuencias. Lo que se busca es que quienes tengan a cargo resolver ciertos trámites del ciudadano común lo hagan con la celeridad pertinente para que el trámite se resuelva lo más rápido posible”.
Consultado sobre ejemplos concretos, el diputado mencionó el caso de la Administración Tributaria Mendoza (ATM): “Se presenta un trámite por un impuesto automotor y ATM no lo resuelve. Si pasa cierto tiempo sin respuesta, se puede presentar una acción para que lo resuelvan. Antes el Estado debía pagar los costos, pero ahora, si no se resuelve, el funcionario será responsable por esa no acción”.
En efecto, el impacto económico de estas demoras también fue considerado. Ambrosini subrayó que hay muchos casos en los que, debido a la falta de resolución por parte de la administración, los costos judiciales –incluidos los honorarios de abogados– son asumidos por el Estado, lo que significa una carga para el conjunto de los contribuyentes. “Estamos cargando de responsabilidad a la provincia, y quienes terminamos perjudicados somos todos los contribuyentes. Si un funcionario no actuó ni cumplió con su deber, va a tener que responder por esa no acción”, advirtió.
El proyecto original provenía del Senado y apuntaba a responsabilizar únicamente a los funcionarios. Sin embargo, en Diputados se realizó una modificación clave: se amplió el alcance de esa responsabilidad. “Solo eran responsables los funcionarios, y nosotros lo ampliamos. Los funcionarios podían entenderse como ministros, pero debajo de ellos hay subsecretarios, directores y empleados comunes. Ampliamos que no solo caiga sobre el ministro, sino también sobre directores y empleados”, detalló Franco Ambrosini.
La medida se inscribe en una tendencia provincial hacia la modernización del Estado y la eficiencia administrativa, que incluye también la digitalización de los expedientes. El legislador destacó que los trámites “son bastante rápidos” en la actualidad, pero reconoció que aún existen cuellos de botella. “Queremos que todo sea lo más rápido posible porque es lo que demanda la sociedad y el contribuyente. A eso tenemos que legislar nosotros, y a eso está apuntando también el Ejecutivo provincial”.
Ambrosini se mostró optimista respecto al impacto de la norma, al considerar que “hay funcionarios que trabajan muy bien y otros que no. Lo que se busca es que quien no realice las acciones pertinentes pueda ser sancionado y asuma su responsabilidad”.
Finalmente, remarcó que esta ley representa una herramienta para evitar que los trámites “duerman en los cajones”, como suele decirse popularmente, y que se garantice al ciudadano una respuesta en tiempo y forma. “Si no se cumple con el deber, el funcionario deberá hacerse cargo. Ya no será el Estado quien pague por la inacción ajena”.
