Marcela Andino, abogada especialista en Derecho del Agua y líder del proyecto en el Departamento General de Irrigación, explicó en detalle los aspectos más relevantes de este nuevo instrumento legal.
“Un código es un instrumento que nos da el derecho, es como un libro único donde están todas las normas relativas a una determinada materia. En Mendoza, tenemos más de 120 leyes que regulan la temática hídrica, además de muchas resoluciones del Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación”, señaló Andino a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
La tarea inicial fue ordenar y sistematizar toda la legislación vigente en la provincia. “En Mendoza, no tenemos una sola ley que regule el uso y la preservación del agua. A diferencia de otras provincias argentinas que avanzaron en la codificación, nosotros estábamos bastante atrás en ese sentido. Tomamos todas las leyes, reglamentaciones y jurisprudencia para crear un único cuerpo normativo”, agregó.
Uno de los principales objetivos del nuevo código es dotar a Mendoza de las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar los desafíos actuales y futuros relacionados con el agua, especialmente en el contexto del cambio climático. “Identificamos que nuestro régimen no tiene disposiciones sobre cursos de agua interjurisdiccionales, caudal ambiental, derecho humano al agua, planes de sequía o de inundaciones”, explicó Andino.
El proceso de redacción del código contó con la colaboración de expertos en Derecho de Agua y Administrativo, como los doctores Mauricio Pinto y Liber Martín, junto con redactores juniors. Además, se diseñó un proceso participativo asesorado por consultores en procesos de participación, en línea con el acuerdo de Escazú, que fija pautas para la participación en temas ambientales. “Se trabajó dentro de un esquema participativo donde participaron expertos de la DGI, inventores de cauce, cátedras de Derecho de Aguas de distintas universidades y, finalmente, la ciudadanía mendocina. El anteproyecto está disponible en una plataforma de participación pública desde el 15 de julio para que todos puedan opinar y aportar”, destacó Andino.
El nuevo Código de Aguas regula tanto las aguas superficiales como las subterráneas, considerando al agua como un recurso integral. “El agua es una sola en el planeta, ya sea en un río, formando acuíferos o evaporándose. Nuestro régimen jurídico no tenía una visión de integralidad, y eso es lo que buscamos corregir con el nuevo código”, afirmó Andino.
Respecto al convenio firmado con la empresa israelí Mekorot, Andino explicó que el Departamento General de Irrigación ha recibido asesoramiento en metodología de planificación hídrica. “Mekorot es especialista en gestión hídrica en Israel y ha asesorado al DGI en cómo hacer un plan hídrico con horizonte 2030, 2040 y 2050. Este asesoramiento es clave para nuestra planificación a mediano y largo plazo, especialmente considerando que para 2050 tendremos un 15% menos de agua”, detalló.
Vale aclarar que la empresa Mekorot es la compañía nacional del manejo de agua potable en Israel, y despertó mucha controversia en la llegada a la provincia ya que se encuentra denunciada a nivel internacional, tanto por la ONU como por Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos, por violar el derecho al agua del pueblo palestino de Gaza y Cisjordania. En la actualidad tiene convenios con diez provincias argentinas para la gestión del agua.
La planificación hídrica es otro de los puntos innovadores del nuevo código provincial. “Cada Superintendente que llega al Departamento General de Irrigación ha planificado su gestión durante cinco años, pero lo que falta es una planificación de todo el sistema hídrico a mediano y largo plazo. El código obliga a la DGI a planificar y actualizar la planificación cada cinco años, y a presentar informes anuales a la legislatura sobre el avance de la ejecución. El Superintendente que no lo haga podrá ser pasible de juicio político”, concluyó Andino.
La publicación del anteproyecto en internet marca el inicio de un proceso de participación ciudadana crucial para la aprobación del nuevo Código de Aguas. “El agua es un bien del dominio público en Mendoza, y todos los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre su gestión”, enfatizó Andino.
