Este último jueves, en la Casa de Gobierno, el Gobernador Alfredo Cornejo junto al presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y al superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, firmaron un acuerdo marco para trabajar en forma conjunta entre los poderes y agilizar procedimientos en el marco laboral.
Dicho convenio va a permitir trazar líneas de acción en conjunto con el organismo nacional para que los juicios sean muchos más rápidos en ese ámbito. «El sistema de Riesgos de Trabajo es el esquema legal y operativo que tiene el Estado para atender los accidentes de trabajo y las enfermedades de los profesionales. Esto implica que cualquier trabajador que sufra una contingencia dentro del marco laboral, tenga una contención. Incluso, una reparación económica si el damnificado sufre secuelas. Mediante este convenio se va a coordinar el funcionamiento de los actores que intervienen en este procedimiento. Por eso involucra a las ART (Aseguradoras de Riegos de Trabajo), el Poder Judicial y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo», explicó a FM Vos 94.5 Ignacio Subizar, Gerente de Administración de Comisiones Médicas en Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
«Cuando un trabajador sufre un accidente se dispara una serie de mecanismos. La primera intervención la realiza la ART, luego fiscaliza la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Si el trabajador no queda conforme con el servicio prestado tiene la posibilidad de recurrir a la Justicia. Este acuerdo se focaliza en adaptar un sistema integrador entre estos organismos», detalló.
En ese sentido, explicó cuáles son los avances acerca de la agilización de los procesos judiciales. «Esto les va a permitir a los tribunales tener acceso informático directo a los legajos de la superintendencia. Esto hace que los juicios sean mucho más rápidos. Es decir que los jueces directamente cuando hay una demanda vinculada al sistema de riesgo, ingresan y toman el expediente completo, con los estudios inclusive. Con este convenio de colaboración nos garantizamos que el trabajador tenga una historia laboral y siniestral integrada», sostuvo Subizar, lo que permitirá conocer en forma fehaciente los grados de incapacidad de los empleados estatales tras un accidente y si ha tenido más de uno, lo que también servirá para detectar mediante estos informes en el legajo un posible fraude ante lesiones.
En ese sentido, continuó remarcando la labor en materia preventiva. «Lo que se destaca es que en la provincia de Mendoza los mecanismos de prevención funcionan realmente bien. La provincia tiene buenos números en relación con enfermedades, accidentes o fallecimientos en ocasión de prestación laboral. En todo el territorio se caratulan unos 2800 casos mensuales con un plazo total de tramitación de 53 días. El sistema le da una pronta respuesta al trabajador. De las incapacidades que se establecen más de la mitad son sólo del 5%, es decir que se trata de lesiones leves. Un ejemplo de ello es la persona que se está trasladando a trabajar y se tuerce un tobillo. No tenemos grandes inconvenientes. La provincia está haciendo bien los deberes», aseguró.
«La provincia trabaja constantemente para eficientizar el sistema y optimizar la atención. Este acuerdo que se firmó es una prueba de esto o ejemplo de colaboración entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. El intercambio de información es muy relevante para que nosotros podamos resolver en instancias administrativas, como así también la Justicia en las propias instancias judiciales», completó.
