Mendoza avanza en una ambiciosa depuración de su cuerpo legal. A través del proyecto conocido como «Ley Hojarasca», la Legislatura provincial se ha propuesto barrer con normativas obsoletas, contradictorias o que simplemente han caído en el olvido. Lucas Adrián Faure, secretario Legislativo de la Cámara de Senadores, detalló en diálogo con FM Vos 94.5 la complejidad de este proceso que ya ha analizado más de un siglo de historia jurídica, eliminando desde privilegios de la clase política hasta regulaciones económicas que hoy parecen de ciencia ficción.
Un barrido histórico por etapas
El digesto jurídico de Mendoza es un bosque denso que comienza en 1896. Para abordar la tarea de limpieza, el equipo legislativo dividió el trabajo en bloques temporales, logrando ya importantes hitos en la sanción de leyes derogatorias. «La Ley Hojarasca es, en realidad, un conjunto de leyes. Estamos barriendo todo el digesto jurídico dividiéndolo por etapas históricas. La primera, de 1896 a 1950, ya es la Ley 9653. La segunda etapa, de 1951 a 1975, se transformó en ley el miércoles pasado. Ahora hemos presentado la tercera fase, que contempla desde 1976 hasta 1990 y se encuentra en comisión», comentó Faure al inicio de la nota.
«Ya empezamos a trabajar en la cuarta etapa, analizando la década de los 90. Es un trabajo minucioso. De unas 570 leyes analizadas, ya hemos sugerido derogar cerca de 300, lo que representa apenas el 25% del total del digesto», precisó.
Normas obsoletas: del COFIRO a los teléfonos públicos
En otro tramo de la conversación, Faure explicó que la existencia de leyes muertas genera confusión jurídica y sobrelegislación, especialmente en sectores claves como la vitivinicultura. «Derogamos leyes que no tienen vigencia porque fueron superadas por la tecnología, por normas posteriores o porque hacen referencia a organismos que ya no existen. Un ejemplo es la creación del COFIRO, una corporación financiera regional de la época de facto que dictaba políticas macroeconómicas para varias provincias, algo que hoy sería inconstitucional», indicó.
«También encontramos leyes de 1983 que fijaban precios mínimos para la exportación de vino y autorizaban compras directas a la Unión Soviética salteando licitaciones si ese país compraba productos mendocinos. Es una locura jurídica que seguía formalmente vigente», manifestó.
El fin de los privilegios y el paso del tiempo
Uno de los puntos más llamativos del análisis fue el hallazgo de las dietas posfallecimiento. «Existía una ley que estipulaba que, si un legislador fallecía durante su mandato, la dieta que cobraba se le seguía pagando a la familia por el tiempo que restaba para finalizar su periodo», detalló el secretario legislativo.
Para el equipo de trabajo, esta norma representaba un privilegio injustificable. «Consideramos que era una situación que no sucede en el resto de la sociedad y, por lo tanto, fue sugerida para su inmediata derogación», destacó.
Asimismo, el digesto está plagado de normativas dictadas para una tecnología superada que hoy carecen de sentido práctico. En esta etapa se están eliminando convenios para la prestación de servicios de teléfonos públicos urbanos e interurbanos, normativas que obligaban a la difusión del ajedrez en el sistema educativo y controles de precios mínimos para productos que ya no están regulados de esa manera. «Son leyes que la ciudadanía no cumple porque las desconoce y que el Estado tampoco puede hacer cumplir porque han sido superadas por el tiempo», expresó al respecto.
Por otra parte, el sector productivo más importante de la provincia también se verá beneficiado por esta depuración. Dentro de ese marco, Faure señaló que existe una marcada sobrelegislación vitivinícola que genera un caos de contradicciones. Durante décadas, se sancionaron leyes que ponían impuestos o fijaban precios de exportación —como el caso de los envíos a la Unión Soviética en 1983— que eran reemplazadas por normas posteriores sin derogar explícitamente las anteriores. Esta limpieza busca unificar el criterio jurídico y darle previsibilidad a la industria insignia de Mendoza.
Inteligencia Artificial: una aliada indirecta en la Legislatura
Uno de los puntos más innovadores del proceso es cómo la tecnología está reconfigurando el trabajo interno del Senado, permitiendo que el capital humano se desplace de tareas mecánicas a tareas analíticas. «En el Senado aplicamos IA para la transcripción automática de las sesiones, tarea que antes hacían 12 taquígrafos. Ahora ese cuerpo se redujo a 8 personas, y los 4 empleados restantes fueron capacitados y hoy se dedican exclusivamente a trabajar en el proyecto Hojarasca. La IA nos libera de tareas repetitivas para que podamos dedicarnos al análisis profundo de las leyes», contó al finalizar la entrevista.
