Indignación y rechazo. El sector de los jubilados se encuentra desamparado ante las últimas modificaciones implementadas por el PAMI en el acceso a medicamentos gratuitos. Según la nueva normativa, solo aquellos jubilados que perciban menos de $389.398 mensuales podrán acceder a este beneficio, lo que representa un recorte significativo para muchos adultos mayores que deberán elegir entre seguir sus tratamientos médicos o comer.
Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, ha sido uno de los primeros en denunciar esta terrible situación, señalando que la decisión del gobierno de Javier Milei ha generado una gran incertidumbre y preocupación entre los jubilados. «Los jubilados desde hace tiempo vienen sumando problemas en lo que concierne a lo económico y la atención en salud. Una combinación tan perjudicial que realmente es letal”.
“Con esta normativa se le dificulta al jubilado el acceso al medicamento. PAMI hace un mes y medio ya había quitado entre un 20 y 30% de descuentos en fármacos. Se quitaron del listado un montón de medicamentos para evitar la automedicación. Lo cierto es que ya con esa medida se perdieron gran parte de los descuentos, los cuales son indispensables para la mayoría de los jubilados», declaró ante los micrófonos de FM Vos 94.5, el propio Eugenio Semino.
«Si hubo medicamentos que se entregaron de forma irregular durante la gestión del anterior gobierno lo que debe hacerse es imputar a los funcionarios, y no a las víctimas que en este caso son los jubilados», expresó.
Luego de manifestar su descontento sobre esta medida que ataca a los sectores más vulnerables que son nuestros abuelos, Semino se refirió a los requisitos que se deben cumplir para acceder al programa de descuento del 100%. «Los requisitos que se exigen son muy particulares. El tope para acceder a los medicamentos gratuitos es de 388 mil pesos. No entiendo qué diferencia puede surgir entre ese tope establecido y 390 mil pesos, cuando unos y otros se están muriendo de hambre. Otro de los requisitos es no tener más de un inmueble, cuando solo es propietario el 50% de los adultos mayores. No hay que olvidarse de que dentro de este segmento en las grandes ciudades tienen dificultades para pagar las expensas. Si por casualidad a un jubilado le quedó un terrenito como herencia, como tendría dos inmuebles se lo considera pudiente y no accede de esta manera al beneficio. Hay otras cuestiones absurdas que se suman, como no tener un coche de menos de 10 años. El jubilado que tiene un coche lo necesita para trabajar, para movilizarse. Por otra parte, no deben contar con una prepaga. El problema es que los funcionarios ven expedientes y no a las personas. Sabemos que muchas familias con esfuerzo le contratan al abuelo una prepaga como anexo. Lo hacen para cubrir los propios baches que tiene PAMI. Se dan turnos cada tres meses, cuando un adulto mayor precisa atención inmediata», reclamó el referente del sector.
«Lo que un jubilado invierte en prepaga es un gasto que le evita a PAMI, por lo tanto, estamos hablando de un contrasentido. Estos requisitos son groseros. Van en contra de aquellos que favorecen las arcas del organismo. Creo que no tienen medición del daño que causan. La avalancha de consultas que hemos recibido en la Defensoría es una clara muestra de que esta medida afecta directamente la calidad de vida de miles de personas», afirmó.
A su vez, dejó expuesto que aquellos que pueden acceder al beneficio se encuentran con un trámite que es sumamente engorroso hasta para una persona joven acostumbrada a la tecnología. «Solamente el 20 % de los jubilados manejan correctamente la informática. A esto hay que sumarle el bajo nivel de conectividad que tiene el país y la complicación de los formularios que se deben completar para acceder al beneficio. Se puede hacer el trámite de forma presencial en una oficina del PAMI, pero para acceder a ello hay que pedir un turno on-line. Si el día que va el jubilado no se encuentra la trabajadora social, el trámite queda trunco. Por otro lado, toda la información que se vuelca en los formularios se debe corroborar. Es un proceso que puede tardar meses, sin darse cuenta del riesgo que esto conlleva. Con esta resolución muchos jubilados no van a poder continuar con su tratamiento médico», alertó el defensor de la tercera edad.
«Lo que han hecho es un verdadero disparate. Muchos jubilados si antes podían comprar uno de los tres remedios que recetaban, ahora con esto no van a poder adquirir ninguno. Estamos ante un disparate, no se tienen en cuenta un montón de cosas. El año pasado con una inflación de alrededor el 211% los medicamentos aumentaron el 300%, cuando el ajuste de los jubilados con bono fue cercano al 140%. El desfasaje es cada vez mayor y el acceso a la salud cada vez más comprometido, mientras tanto el gobierno le sigue agregando a los jubilados piedras en el camino. El sufrimiento humano es incalculable», declaró para completar la idea.
