El acceso a la vivienda propia es hoy más que una meta patrimonial; representa el hito fundacional de la estabilidad familiar y un peldaño primario de la dignidad social. En una provincia como Mendoza, donde el déficit habitacional es una problemática estructural que atraviesa décadas y gestiones de diversos signos, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se erigió como el custodio de una esperanza colectiva. Por esta razón, cualquier grieta en la percepción de su transparencia no solo afecta la credibilidad de un organismo, sino que hiere profundamente el contrato de confianza entre el Estado y los ciudadanos que esperan, con legajos amarillentos por el tiempo, su oportunidad bajo un techo digno.
En las últimas semanas, circulan rumores acerca de presuntas entregas de casas a personas con vínculos directos al poder político provincial, generando un clima de zozobra entre quienes aguardan legítimamente. Si bien se trata de versiones que requieren una contrastación rigurosa, la sola existencia del rumor ya representa un síntoma alarmante. En la gestión de los recursos públicos, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo, y ante la proliferación de estas dudas, el IPV tiene la obligación ineludible de brindar explicaciones claras, precisas y documentadas que desactiven cualquier manto de sospecha.
Para nuestra comunidad, donde la demanda de soluciones habitacionales es crítica, estas versiones golpean con una dureza particular. En cada distrito y en cada rincón de nuestra ciudad, existen familias que han cumplido con cada requisito, que han sostenido el ahorro previo con un esfuerzo titánico y que ven pasar los años sin que el sorteo les sea favorable. La posibilidad de que el criterio de necesidad o de antigüedad sea desplazado por la cercanía a un despacho oficial es una hipótesis que la sociedad sanrafaelina no está dispuesta a tolerar. La justicia distributiva en materia de vivienda debe ser ciega a las influencias y sumamente sensible a las carencias reales; lo contrario sería institucionalizar una inequidad que margina a los más vulnerables.
Abrir los listados, explicar los criterios de selección y garantizar que cada llave entregada responda a un proceso de estricta justicia social es la única manera de honrar la misión para la cual fue creado el instituto. En tiempos donde la legitimidad de las instituciones es puesta a prueba a diario, actuar con absoluta claridad es el único camino para asegurar que el sueño de la casa propia siga siendo un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos elegidos.
