El calendario civil nos enfrenta a un nuevo aniversario de aquella gesta colectiva nacida en 2015 bajo el grito de «Ni Una Menos». Lo que debió consolidarse como un hito de maduración institucional y amparo social se conmemora en este junio de 2026 en medio de una atmósfera de profundo desgarro y luto nacional. El brutal femicidio de Agostina Vega, una adolescente de apenas 14 años cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de la provincia de Córdoba tras una semana de dolorosa búsqueda, ha colocado a la sociedad argentina ante el espejo de su pesadilla más recurrente. La tragedia de Agostina no es un hecho aislado ni una fatalidad inevitable; representa la dolorosa consecuencia de un sistema de protección civil que se desmantele deliberadamente desde las esferas del poder central.
El crimen de la menor expone con crudeza lo que las organizaciones civiles denominan una «desidia organizada por el Estado». Desde la negativa inicial a tomar las denuncias en las sedes policiales hasta la alarmante demora de cuatro días para activar mecanismos de urgencia nacionales como la Alerta Sofía, el itinerario de la búsqueda estuvo plagado de fallas que delatan un abandono sistémico. El horror se multiplica al constatar que el principal imputado ya contaba con antecedentes por privación ilegítima de la libertad en contextos de violencia de género; un eslabón suelto en una cadena judicial que sistemáticamente llega tarde, mal y con consecuencias definitivas para las víctimas.
Este escenario de vulnerabilidad extrema se produce en un contexto político nacional que ha decidido declarar una abierta guerra ideológica a las políticas públicas de prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres. Bajo la premisa de la austeridad fiscal y la desregulación absoluta, el oficialismo que encabeza Javier Milei ha desmantelado ministerios, vaciado de presupuesto las líneas de asistencia telefónica, recortado los programas de inserción para mujeres en situación de vulnerabilidad y retirado al Estado de los territorios donde la violencia intrafamiliar y comunitaria hace estragos. Desproteger los dispositivos de contención es, llanamente, dejar a las potenciales víctimas a merced de sus agresores, eliminando la única red de seguridad que separaba la denuncia de la morgue.
El desmantelamiento material encuentra su justificación en la degradación discursiva. La insistencia presidencial orientada a plantear que «es lo mismo matar a una mujer que a un hombre» constituye una ceguera sociológica e histórica alarmante que violenta los tratados internacionales a los que la República Argentina adhiere con rango constitucional. Negar la fisonomía específica del femicidio —el asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo, mediado por relaciones de poder y asimetría estructural— no es una simple provocación de redes sociales; es una directiva doctrinaria que habilita a los funcionarios y a las fuerzas de seguridad a relativizar el peligro.
Este 3 de junio no admite discursos de ocasión ni celebraciones de laboratorio sobre superávit fiscales. Una nación cuyas niñas son asesinadas y arrojadas a descampados mientras el Estado nacional ensaya justificaciones teóricas para desentenderse de su cuidado es una sociedad herida en su reserva moral más elemental. La memoria de Agostina Vega y la urgencia de las que aún resisten exigen que se enciendan las alarmas colectivas: tolerar la insensibilidad como doctrina económica y la negación de la violencia como postura oficial es el camino más corto hacia la disolución de los pactos de cuidado mínimos que sostienen a un país sensato.
