El Poder Judicial de Mendoza podría dar un paso histórico hacia la simplificación de sus trámites más burocráticos. En la Legislatura provincial avanza un proyecto de ley que busca habilitar a las aplicaciones de mensajería instantánea como canales formales y válidos para el envío de notificaciones judiciales. La iniciativa propone que los ciudadanos y auxiliares de la justicia puedan constituir un «domicilio electrónico de mensajería instantánea» para recibir de forma directa resoluciones, archivos y citaciones en sus teléfonos celulares.
El senador provincial sanrafaelino Pedro Javier Serra (PJ), impulsor de la propuesta, fundamentó la necesidad de adaptar los códigos de forma a las costumbres tecnológicas actuales de la población, destacando que la medida no solo representará un ahorro sustancial de recursos para el Estado, sino que atacará de raíz una de las principales demandas civiles: la excesiva demora de los procesos legales.
La propuesta legislativa busca replicar y extender el éxito de dinámicas comunicacionales modernas que ya demostraron su efectividad en fueros específicos de la provincia de Mendoza. «Hoy es innegable que WhatsApp, Telegram y la mensajería instantánea en general han superado ampliamente en uso a todas las otras formas de comunicación por la web. Es una vía segura que la gente utiliza todos los días y que maneja todo el mundo. Lo que estamos proponiendo es incorporar los domicilios de mensajería instantánea como una modalidad de notificación válida. El objetivo de fondo es facilitarle la vida a la gente en su día a día y hacer que la relación con los tribunales sea mucho más ágil», expuso Pedro Serra en FM Vos 94.5.
«La constitución de este domicilio es de carácter voluntario y complementario, no reemplaza los presupuestos principales que garantizan el debido proceso. Ya tenemos una excelente experiencia previa en el Código Procesal de Familia de la provincia, donde se está utilizando con muy buenos resultados. Lo que buscamos ahora es trasladar esta herramienta al Código Procesal Civil y Comercial, y también estamos trabajando para incorporarlo en el Código Procesal Laboral«, añadió.
Un blindaje legal contra las «artimañas» procesales
Al tratarse de un canal tan directo como el teléfono celular particular, el proyecto establece mecanismos de validación previos para asegurar la recepción efectiva de las piezas judiciales y evitar nulidades. «El funcionamiento es ni más ni menos que el uso de WhatsApp como si fuera un domicilio electrónico oficial. Ante el temor lógico de que existan artimañas o planteos que busquen cuestionar la notificación alegando que el número cambió o no pertenece a la persona, la ley es clara: cuando un ciudadano es demandado, inicia un proceso o firma un acuerdo, declara de forma expresa y bajo juramento su domicilio electrónico de mensajería instantánea. A partir de esa confirmación del número, queda obligado y habilitado para recibir las notificaciones», explicó el senador.
«No solo pensamos este beneficio para las partes principales del proceso, permitiendo que la información le llegue en simultáneo al abogado y al cliente, sino que es una solución ideal para las comunicaciones del juez hacia terceros, como por ejemplo un perito. Al perito se le envía la comunicación oficial a su WhatsApp para que realice la pericia, estime sus honorarios o acepte el cargo, agilizando un trámite que hoy toma semanas de notificaciones en papel», destacó.
Capacidad técnica y la omnipresencia del celular
La elección de las aplicaciones de mensajería sobre los tradicionales correos electrónicos responde a criterios de factibilidad técnica y a los hábitos de conectividad que hoy exhiben los usuarios. El primer pilar de esta propuesta se sostiene en la lectura inmediata que garantizan los dispositivos móviles. «La mensajería instantánea la recibimos todo el día con el teléfono en la mano, a diferencia de los correos electrónicos corporativos o judiciales que la gente común no revisa con frecuencia», argumentó el senador Pedro Javier Serra, diferenciando el impacto de una alerta en tiempo real frente al olvido informático que suelen sufrir las casillas de correo tradicionales.
Además de la inmediatez, el esquema propuesto resuelve una limitación operativa histórica mediante el soporte de archivos pesados. A diferencia de los servidores judiciales o de las plataformas de e-mail estándar, que suelen bloquearse o rebotar mensajes cuando el almacenamiento se ve saturado, las aplicaciones modernas de mensajería permiten el envío masivo y fluido de documentación respaldatoria. Esta virtud técnica facilita el traslado de expedientes extensos, archivos adjuntos y pericias complejas sin el riesgo de que la notificación se pierda por problemas de conectividad o falta de espacio en el dispositivo del receptor.
Asimismo, el marco legal propuesto se apoya en la transversalidad de plataformas universales de comunicación. Si bien el espíritu de la ley no se limita a una marca comercial específica para preservar la neutralidad tecnológica, el texto reconoce la realidad estadística y cultural del país: en la Argentina, WhatsApp es utilizado de manera activa por más del 85% de la población, consolidándose Telegram como la segunda opción preferida para entornos que requieren de alta seguridad en el cifrado de datos. De este modo, el apartado resalta que la reforma procesal no inventa un canal nuevo, sino que convalida legalmente una infraestructura técnica que los ciudadanos ya sostienen con sus propios recursos.
Despapelización del Estado y reducción de costos públicos
Más allá del impacto directo en los plazos de resolución de las causas, la digitalización de los avisos judiciales promete aliviar las arcas del Poder Judicial mediante la reducción drástica de insumos físicos. «Una de las grandes quejas que sigue teniendo la ciudadanía respecto a la Justicia es el tiempo de resolución; bueno, nosotros con esto queremos reducir drásticamente los tiempos procesales. Una vez que las partes se adhieren al sistema, la notificación por esta vía pasa a ser obligatoria. Esto trae aparejado un ahorro económico fenomenal. Dejamos de gastar en papel, en impresiones, en estructuras de archivo y en la logística de distribución física de cédulas que encarece los procesos», enfatizó Serra.
«Además, el uso de estas plataformas sigue siendo totalmente gratuito para el Estado y los ciudadanos. El proyecto abarca a todos los ámbitos y fueros de la Justicia de Mendoza. Actualmente la iniciativa ya se encuentra en debate dentro de las comisiones de la Legislatura, donde estamos analizando los últimos detalles técnicos para emitir dictamen y llevarlo pronto al recinto. Es una modernización necesaria que pondrá a Mendoza a la vanguardia de la gestión judicial digital», agregó al final de la conversación.
