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«Para eso existen las guardias»: duro reclamo de una víctima de robo por la respuesta judicial para realizar un allanamiento

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El vecino sanrafaelino relató en FM Vos 94.5 que localizó un celular Samsung A56 sustraído de su vivienda y acompañó a la Policía hasta el lugar señalado por el dispositivo. Sin embargo, aseguró que la orden de allanamiento nunca llegó y debieron retirarse alrededor de las 3.30 de la mañana. Destacó la actuación policial, cuestionó la intervención judicial y anunció que buscará presentar una denuncia ante la delegación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Martín Franco sufrió un robo en su vivienda de calle Ortubia al 900, San Rafael, el sábado pasado, descubrió que podía rastrear el teléfono sustraído y acompañó a los efectivos policiales hasta el lugar que indicaba la geolocalización. Durante algunas horas creyó que recuperaría sus pertenencias. Sin embargo, según relató en diálogo con FM Vos 94.5, la falta de una orden de allanamiento del juez de turno impidió avanzar y el procedimiento terminó durante la madrugada, sin resultados.
“Da una impotencia, pero acá es mayor la impotencia porque estuve a escasos metros de recuperar lo robado
«, expresó el damnificado durante la entrevista.
Su testimonio estuvo atravesado por la indignación de haber contado con una ubicación que consideraba precisa y, aun así, regresar a su casa sin los elementos sustraídos. También dejó planteado un reclamo para que se investigue qué ocurrió con las comunicaciones y las decisiones judiciales durante esas horas.
“Yo en un momento dije: ‘Ya está, lo tengo acá, está la policía acá’”, recordó sobre la expectativa que tuvo mientras esperaba una autorización que, según aseguró, nunca llegó.
Franco explicó que no era la primera vez que atravesaba una situación de estas características. Ya había sufrido otro robo en el mismo domicilio y encontró similitudes entre ambos episodios, tanto en la forma de ingreso como en los objetos que se llevaron.
“Es un robo de la segunda vez que me ocurre en el mismo lugar, un robo de similares características”, señaló. Sobre la modalidad, precisó: “Han violentado una abertura del dormitorio”.
Una vez dentro, los delincuentes sustrajeron distintos bienes. “El robo es lo de siempre: televisores, ropa, notebook; en este caso fue celular”, enumeró.
Al descubrir lo sucedido, llamó a la Policía y los efectivos acudieron a la propiedad. En ese primer momento, todavía no había advertido que entre las pertenencias faltantes había un dispositivo que podía darle una pista sobre el destino de lo sustraído.
La situación cambió después de que los uniformados se retiraron. Franco regresó al dormitorio para cargar su teléfono personal y advirtió que faltaba el cargador que habitualmente dejaba sobre la mesa de luz.
“Cuando se va la policía, regreso al dormitorio porque el teléfono se me estaba descargando. Cuando lo dejo para cargar me doy cuenta que no estaba el cargador”, relató.
Ese detalle lo llevó a revisar y descubrir otra ausencia: el celular corporativo que utiliza para trabajar. Más allá del perjuicio que implicaba perderlo, el equipo tenía una función que podía resultar clave para la investigación.
“Ahí me doy cuenta que me falta el celular corporativo”, explicó. Luego indicó que ese aparato “me permite geolocalizarlo desde mi teléfono personal”.
Al consultar la herramienta de rastreo, obtuvo una ubicación en un callejón en inmediaciones de Rawson e Isabel la Católica. En ese momento interpretó que el lugar donde se encontraba el teléfono también podía ser el sitio donde habían llevado las demás pertenencias.
“Entonces digo: ‘Bueno, si está el celular geolocalizado, está el botín localizado’”, recordó.
Con esa información, volvió a llamar al servicio de emergencias. “Vuelvo a realizar un segundo llamado al 911 explicándole la situación”, manifestó. Su intención era comunicar cuanto antes que tenía una referencia concreta para buscar el dispositivo.
De acuerdo con su testimonio, regresaron los mismos efectivos de la Comisaría 60 que habían intervenido inicialmente. Franco fue enfático al reconocer su predisposición y diferenciar su actuación de los cuestionamientos que realizó sobre la respuesta judicial.
“La verdad que se portaron de manera excelente”, sostuvo.
Según contó, durante esas gestiones también hubo intervención de personal de Investigaciones y una espera para recibir directivas. Finalmente, los policías se desplazaron hacia el sector señalado por el rastreo y él los acompañó en su propio vehículo, porque llevaba el teléfono desde el que podía consultar la ubicación.
“Salgo en mi vehículo particular con el teléfono para ir indicándoles dónde me marcaba a mí el teléfono que estaba el otro celular”, explicó.
Franco relató que al llegar encontraron tres viviendas y que se sumó otro móvil policial. De acuerdo con su reconstrucción, los ocupantes de dos de esas propiedades permitieron que los efectivos ingresaran a revisar, pero en una tercera vivienda no obtuvieron autorización.
“En esa vivienda los propietarios acceden a la policía, los dejan que revisen adentro”, señaló sobre las primeras verificaciones. En cambio, respecto del inmueble donde aseguró que se ubicaba el teléfono, afirmó: “El propietario dijo que no, que no los dejaba entrar a la policía”.
Desde ese momento, según su relato, quedaron a la espera de una orden de allanamiento.
Mientras transcurría el procedimiento, los agentes se acercaban a su vehículo para consultar nuevamente la localización del equipo y verificar si la señal continuaba en el mismo lugar.
“A cada rato se acercaba a mi auto uno de los policías, me pedía el teléfono para hacer el rastreo”, contó.
Incluso aseguró que uno de los efectivos comprobó la ubicación acercando el dispositivo a una ventana. Según recordó, el policía le transmitió: “Me marca que está del otro lado de la pared”.
Para Franco, esa referencia reforzó la expectativa de que podría recuperar al menos el celular. “Estaba geolocalizado de manera súper precisa”, afirmó.
No obstante, las horas pasaron sin que se concretara el ingreso a la vivienda. El damnificado resumió ese tramo de la noche con una frase: “Esperando la orden de allanamiento, que no llegó nunca”.
Según indicó, alrededor de las 3.30 el procedimiento terminó y debieron retirarse. “Aproximadamente a las 3.30 de la mañana nos tuvimos que volver. Sin nada”, lamentó.
Lo que más lo indignó fue pensar que, una vez que se fueran, los objetos podían ser trasladados y se perdería la posibilidad de recuperarlos. “Uno sabe que ya al otro día eso desaparece”, expresó.
En ese sentido, explicó que la experiencia resultó todavía más frustrante que el robo anterior. Esta vez no se trataba únicamente de descubrir el faltante de sus pertenencias, sino de haber seguido una señal, llegar al lugar acompañado por policías y permanecer allí sin poder avanzar.
“En la primera oportunidad que me robaron, bueno, no fue como esta”, comparó. Luego insistió: “Eso es lo que da más impotencia”.
Consultado sobre las razones por las que no se obtuvo la orden de allanamiento, Franco reconoció que no sabe si el juez de turno fue contactado. Por ese motivo, aclaró que no podía atribuirle una responsabilidad concreta al magistrado.
“No puedo responsabilizarlo porque yo no sé si al juez lo llamaron”, manifestó.
Sus cuestionamientos apuntaron al tramo previo de las comunicaciones. “Evidentemente alguien, o el ayudante fiscal o el fiscal, no hizo su tarea”, sostuvo, al explicar por qué pretende que se revise lo sucedido.
Durante la entrevista identificó a Andrea Rossi como la fiscal que, según su testimonio, estaba de turno. «Desconozco quién era el juez, la verdad que desconozco no sé quién era el juez, pero la fiscal que estaba era Andrea Rossi». Al plantear su interpretación sobre la falta de autorización, expresó: “Te digo lo que yo siento: la fiscal no quiso molestar a las 3 de la mañana al juez”.
El propio Franco aclaró inmediatamente el alcance de esa afirmación: “Es mi sensación”. También señaló: “Desconozco quién era el juez”.
Franco consideró que el horario no debería impedir la intervención de quienes cumplen una guardia. Para expresar su postura, recurrió a una comparación con el funcionamiento de un servicio de salud.
“Si un enfermero no va a despertar a un médico en una guardia, digamos, sería de la misma manera”, manifestó.
“Todo el mundo tiene derecho a descanso, pero bueno, está ejerciendo una función, para eso existen las guardias”, agregó. Luego insistió: “Si está en guardia, tiene que cumplir su función”.
Otro de los aspectos que destacó fue una conversación que, según recordó, mantuvo con uno de los policías antes de que finalizara el operativo. Aseguró que el efectivo le anticipó las dificultades que podían surgir para avanzar.
“Me lo anticipó el policía antes de que fracasara el procedimiento”, sostuvo. Según su reconstrucción, la advertencia fue: “Vas a ser testigo de la burocracia que sufrimos los policías en este tipo de actos”.
Franco vinculó esa frase con lo que finalmente ocurrió y reiteró su reconocimiento hacia los agentes que lo acompañaron. Desde su perspectiva, hubo voluntad policial de intervenir, pero el procedimiento quedó condicionado por la falta de una autorización.
La sustracción del teléfono, además, le generó un problema que excede el valor económico del aparato. Explicó que se trata de una herramienta necesaria para su actividad laboral, ya que la empresa utiliza ese dispositivo para verificar su identidad y permitirle acceder al sistema de trabajo.
“Es un celular corporativo que nos da la empresa, que tiene un montón de trabas, de seguridad, de bloqueos, porque justamente tiene que ser muy seguro”, detalló.
“Yo lo necesito porque necesito las credenciales para ingresar al sistema”, añadió. Según explicó, el procedimiento de acceso incluye una validación con sus datos biométricos a través del equipo.
Ante la pérdida, debía consultar con el área correspondiente de la empresa para resolver cómo continuar con sus tareas. “Tengo que averiguar con la gente de seguridad informática a ver cómo puedo hacer para acceder al sistema”, manifestó.
Finalmente, Franco anunció que tiene previsto presentar una denuncia ante la delegación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que se investigue lo ocurrido. Su intención, dijo, es que se determine qué pasó durante las horas en las que esperaba una orden de allanamiento y que otras víctimas no atraviesen una situación semejante.
“Esa es la idea que tengo porque seguramente no recupere lo que me han robado, pero me gustaría que esto no sucediera, por lo menos no tan a menudo”, expresó.
También cuestionó lo que percibe como una diferencia en la respuesta cuando los hechos tienen mayor repercusión pública. Según su opinión, en los casos mediáticos “se llama a todo el mundo”, mientras que las víctimas de robos cotidianos encuentran mayores dificultades para obtener una solución.
“Nos roban a gente común, como pasa a diario”, manifestó al explicar el sentido de su reclamo.
Aunque admitió su pesimismo respecto de la posibilidad de recuperar las pertenencias, sostuvo que quiere avanzar para que se revisen las responsabilidades. “Me da un poco de impotencia”, expresó.
“Que los funcionarios cumplan la función para la que se los ha seleccionado. Eso es lo que me gustaría”, concluyó.

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