El gremio de los trabajadores judiciales de Mendoza, con su secretario general Ricardo Babillón a la cabeza, llevó adelante el martes pasado un paro de 24 horas y anunció la posible profundización de medidas de fuerza. El reclamo central es el incumplimiento por parte de la Suprema Corte de un acuerdo paritario para implementar un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, sumado a una grave crisis salarial y de recursos humanos.
Cese de actividades por incumplimiento de acuerdos
El paro se realizó tras tres meses de asambleas y movilizaciones sin lograr abrir canales de diálogo con el Ejecutivo y la Suprema Corte. «Quiero aclarar que al paro se llega después de tres meses de haber hecho asambleas, movilizaciones y reclamos. Al no haber logrado abrir canales de diálogo con el Ejecutivo y la Suprema Corte, no nos quedó otra opción que tomar esta medida, que es la última que el sindicato siempre puede tomar», dijo Babillón a la emisora radial FM Vos 94.5.
Dentro de ese marco, Babillón denunció que la Corte tenía un compromiso firmado desde hace más de un año para aplicar un nuevo convenio colectivo de trabajo en agosto. «La Suprema Corte apagó los celulares y no nos atendió más 15 días antes de la fecha pactada. Nos hemos quedado a la espera de que cumplan con el compromiso firmado en paritarias, ya que el acuerdo paritario tiene fuerza de ley», lanzó en otro pasaje de la entrevista.
El reclamo no es solo salarial, sino que abarca condiciones laborales, sistemas de ascenso y el funcionamiento general del Poder Judicial. El acatamiento a la medida de fuerza superó el 70%, un número que sorprendió al propio gremio, dada la gravedad de los descuentos salariales. «Un día de paro supera el 10% o 15% del salario. Pero indudablemente los compañeros han dicho que no dan más, que en esta situación ya no se puede seguir y aun pagando el precio, están dispuestos a continuar la lucha», enfatizó.
Propuesta salarial: por encima de la Indigencia
El gremio busca que la nueva estructura salarial, contemplada en el convenio colectivo, ate el sueldo del ingresante al JUS (la unidad de medida judicial para fijar honorarios). «Nosotros entendemos que un ingresante al Poder Judicial no puede ganar menos que el 20% del salario del juez de paz, del juez de primera instancia. Y a partir de ahí comenzar una pirámide creciente de salario», planteó el referente de los gremios de Judiciales.
Actualmente, un ingresante gana $720.000, mientras que un juez de paz percibe alrededor de $6.000.000. «Nosotros necesitamos sí o sí sacar al ingresante de la línea de la indigencia y llevarlo, aunque sea cerca de lo que hoy es la línea de la pobreza. Eso nos estaría llevando a un sueldo de $1.100.000 aproximadamente para un ingresante», manifestó.
Crisis de servicio y críticas a la Corte
Babillón elevó la queja a una crisis de funcionamiento del servicio de justicia, que sufre por la falta de recursos. «Necesitamos una Corte que defienda la independencia del Poder Judicial, que sepa pararse ante el Ejecutivo y decirle que no cuando hay que hacerlo. Hemos llegado a un nivel de crisis donde los compañeros no tienen cloro para hacer la limpieza porque no hay plata para comprarlo», denunció.
La falta de presupuesto está impactando directamente en la atención al ciudadano. «No podemos permitir que sigan cerrando oficinas fiscales por falta de recursos humanos, como sucedió en Lavalle. Esto hace que una persona deba trasladar 45 kilómetros para hacer una denuncia. Es un absurdo; estamos volviendo a la época de las carretas», declaró el referente del gremio.
«El gremio exige un cambio de 360 grados en la forma de trabajar de la Corte para que defienda los intereses y el servicio de Justicia fundamentalmente», comentó.
Cuestionamientos a la elección del presidente de la Corte
Consultado sobre la reelección de Dalmiro Garay como presidente de la Suprema Corte, Babillón se mostró sorprendido por el resultado de 5 a 2, pero insistió en que el problema va más allá de los nombres. «Para nosotros no se trata de nombres, sino de que la Corte cambie la política. En lugar de apagar los celulares, deben sentarse a la mesa a resolver los problemas que tiene el Poder Judicial», exigió.
Advertencia institucional sobre un pliego clave
Finalmente, el secretario general utilizó el espacio para hacer un llamado de atención a las autoridades provinciales respecto al inminente tratamiento del pliego de Fernando Giunta, propuesto como Fiscal de Cámara Penal de la Primera Circunscripción. «Llamamos a la reflexión al gobernador y a los senadores de la provincia, porque en estos días deben tratar el pliego de Giunta como Fiscal de Cámara. Con este nombramiento, lo estarían ubicando como la segunda persona más poderosa dentro del Ministerio Público Fiscal», aseveró.
Babillón advirtió sobre las graves denuncias que pesan sobre este funcionario, que incluyen violencia de género y un accionar ilegal en su trabajo. «Esta persona ha sido denunciada por violencia económica y psicológica y, además, por una colega (la fiscal Ríos) por haberle plantado pruebas en una investigación. Es una persona que ha sido acusada de manipular evidencia, y realmente, institucionalmente, es muy peligroso que ocupe ese lugar en la provincia», concluyó.
